El régimen cubano presentó este 12 de julio el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social para controlar los contenidos en la prensa, sin reconocer otro tipo de propiedad sobre los medios de comunicación que no sea el estatal.
El documento pasará desde este miércoles por una consulta que debe finalizar en septiembre, comentó en rueda de prensa el vicepresidente de la estatal Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa, sin ofrecer más detalles sobre el camino legislativo previo a su eventual aprobación.
El periodista —acompañado por otros dos funcionarios de la prensa y la comunicación social— resaltó que la normativa abarca la esfera institucional, mediática y comunitaria, y que es el resultado de varios meses de investigación.
Legañoa calificó el anteproyecto como “inédito, robusto” y como "una oportunidad para educar al público en materia de comunicación".
El documento, apuntó, se sustenta en la Constitución vigente desde 2019. En ella se afirma que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
La norma anunciada este lunes, que contiene 69 artículos, incluye una regulación que prohíbe el empleo de contenidos “para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho”, entre otros.
También apunta que el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de “fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba”.
Reconoce además los ingresos generados por la publicidad como una de las vías para la gestión económica de los medios de comunicación, siempre y cuando esta no vaya en contra de “los principios que rigen” la “sociedad socialista” de la isla.
Cuba carece de legislaciones sobre prensa o comunicación, ya que solo están vigentes políticas en la esfera mediática dictadas desde el Partido Comunista (PCC, único legal). Ninguna reconoce a los medios independientes críticos con el Gobierno, que operan en un vacío legal.
El pasado mayo, Cuba aprobó su nuevo Código Penal en el que, entre otras cosas, sanciona con uno a tres años de cárcel a “quien difunda noticias falsas” con el propósito de “perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano”.
