Más de 100 protestas por motivos políticos tuvieron lugar en Cuba durante el pasado mes de febrero, informó en su más reciente informe el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).
De las 130 expresiones de descontento por cuestiones políticas o sociales, la mayoría se relacionaron con los abusos y arbitrariedades judiciales a manifestantes del 11 de julio, así como con maltratos en las cárceles.
El régimen cubano desplegó una “represión brutal” contra los manifestantes, que se expresaron fundamentalmente en pequeños grupos aislados, por lo que fue más fácil controlarlos, agregó la entidad.
También mencionó el uso del exilio forzado contra miembros de la oposición, como el rapero Eliécer Márquez, “El Funky”; los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés; la curadora de arte Carolina Barrero, entre otros.
“La ola nacional de terror incluyó, en el período, sentencias de hasta 20 años de prisión y decenas de acusados por los sucesos del 11J” (…) bajo cargos fabricados de desorden público, desacato, atentado, sedición, instigación a delinquir, propagación de epidemias, resistencia y sabotaje.
Asimismo, se aceleró el endurecimiento de instrumentos legales como el Código Penal y el Código de Familia que refuerza el poder del Estado sobre los menores de edad”, denuncia el Observatorio.
Las protestas adoptaron “un estilo de guerrilla no violenta”, que incluyen grafitis, repartición de volantes lugares públicos, denuncias en las redes sociales, huelgas de brazos caídos y distribución de materiales informativos por aplicaciones digitales.
El informe anota que “un sector creciente de personalidades nacionales que históricamente se identificaban con la ‘Revolución’ hoy desaprueba la ruptura del Gobierno con la realidad del ciudadano común y la represión empleada para acallar las protestas.
“Por su parte, el régimen se enfoca en erradicar la posibilidad de nuevas protestas masivas como las del 11J” y esquiva las raíces de la conflictividad social que son la inseguridad alimentaria, la falta de medicinas, la crisis de los servicios públicos, entre otras.
La organización de asesoría legal Cubalex cifra en 1377 las personas detenidas en a raíz de esas protestas. De ellas, al menos 727 permanecen en prisión, incluidos 15 menores de 18 años.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los procesos a los manifestantes, aclaró que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
En enero, la embajada de EE.UU en La Habana criticó fuertemente al régimen de la Isla por la realización del juicio contra seis menores de edad que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio anterior en Toyo, municipio Diez de Octubre.
