El preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, desmintió que la mayoría de los manifestantes del 11 de julio estén arrepentidos de sus acciones de ese día.
El medio de prensa CubaNet tuvo acceso a un audio enviado por el joven a su esposa donde declara que decidió grabarlo "por los videos manipulados que la dictadura comunista Castro-Canel ha utilizado para intentar hacer creer que la mayoría de los manifestantes del 11 de julio se sientan arrepentidos”.
Desde su perspectiva, expresó que “en lo más mínimo me arrepiento de nada. ¿Cómo voy a arrepentirme de querer ver a mi país libre de una dictadura comunista que nos tiene sumergidos por más de 60 años en extrema miseria y violando todos nuestros derechos humanos?”.
Calificó las protestas de ese domingo como aquellas que hicieron que la dictadura mostrara su rostro.
El Tribunal Provincial de Holguín dictó sentencia contra otras 19 personas el 14 de febrero último, entre ellas Miguel Cabrera Rojas, de 50 años, que también recibió 20 de privación de libertad por el delito de “sedición”. Las sanciones contra el resto de condenados, entre los cuales hay cinco menores de edad, oscilan entre 5 y 18 años de cárcel.
García Caso, de 33 años y padre de tres niños, protagonizó este mes de febrero una huelga de hambre que depuso a petición de sus familiares, quienes le pidieron cuidar de su salud. El prisionero padece una hipertensión crónica desde hace diez años.
La fiscalía había pedido en un primer momento 30 años de privación de libertad para el joven cuentapropista por sumarse a las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. García Caso convocó a sus vecinos a manifestarse en la vía pública por los constantes cortes de electricidad y otras indisposiciones, por lo que primeramente lo acusaban de “desorden público”, un delito menor, aseguró la ONG de asistencia legal Cubalex.
Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular del verano de 2021, con penas que oscilan entre pocos meses y 20 años de cárcel.
El subregistro de Justicia 11J y Cubalex señalan que, de un total de 1395 personas detenidas por su participación en las protestas, 440 han sido ya enjuiciadas en procesos ordinarios.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los procesos a los manifestantes, aclaró que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. Alrededor de 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, de los cuales 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.
