Los arrendadores solidarios predominan en medio de la pandemia

Muchos arrendadores en Cuba se han solidarizado con sus clientes en estos tiempos de pandemia al no cobrarles la renta ni echarlos
Varios arrendadores se han solidarizado con sus clientes
 

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Luis Herrera es de esos miles de arrendatarios habaneros que ofrecen servicio de alquiler a cubanos. Tres meses antes de ser decretada la cuarentena y luego la interrupción del transporte interprovincial como medidas para frenar la expansión del COVID-19 en la isla, había arrendado a una familia oriunda de Camagüey.

“Vinieron a La Habana con sus dos hijos, de dos y cuatro años de edad, y la idea de mejorar su situación económica trabajando en el sector privado. Cuando se decretó la cuarentena perdieron el empleo porque el negocio donde estaban trabajando cerró y no pudieron regresar a su provincia cuando cancelaron el transporte”, relató Herrera, quien decidió no cobrarles el alquiler, sino compartir los gastos domésticos. 

“Creo que es más comprensión por su situación que por solidaridad. El coronavirus no avisó, cogió al mundo por sorpresa, y esta familia quedó atrapada y desempleada en medio de la pandemia. Es un matrimonio decente buscando la manera honrada de mejorar sus vidas; habría que ser un descorazonado para no brindarles la mano”, añadió Herrera.

A consecuencia del aislamiento social y de las medidas implementadas para minimizar el contagio del COVID-19, la casi totalidad de los negocios privados se vieron obligados a cerrar temporalmente. Sobre todo aquellos relacionados o dependientes del turismo internacional, la transportación de pasajeros y la importación de insumos.

El aumento de desempleados en el sector privado y de los trabajadores estatales interruptos ‒con la única garantía del 60 por ciento de su salario‒ afectó también a los arrendadores para cubanos. 

“Sin embargo, en medio de la pandemia ha primado la solidaridad; lo mejor de sí entre los cubanos de a pie”, señaló Amanda Sosa, quien desde hace dos años vive alquilada con su esposo y sus dos hijos.

“Me quedé sin trabajo porque ejerzo como manicure y mi esposo está interrupto. Nos volvimos locos porque simplemente no teníamos para dónde ir. Perdimos la casa en un derrumbe y nos negamos a vivir en albergues. A dios gracias, nuestra casera decidió que no pagáramos el alquiler, solo compartir entre ambas familias los gastos”, contó Sosa, sin poder evitar las lágrimas y el abrazo a su casera.

El arrendamiento de habitaciones o de apartamentos a cubanos es un negocio no legal. Apenas existen arrendatarios con estas licencias operativas y el régimen está obligado a hacer la vista gorda. La situación de la vivienda en Cuba se cataloga entre las principales problemáticas que, en sesenta años, el régimen no ha logrado solucionar a pesar de las promesas. 

“Una promesa vieja que tiene matices de convertirse en centenaria o milenaria, en dependencia de sí este Gobierno insiste en permanecer en el poder sin hacer concesiones”, opinó María Teresa Linares, que desde hace 10 años se dedica al arrendamiento a cubanos y decidió rebajar a la mitad su tarifa a la familia que tiene arrendada desde hace un año.

“Sería absurdo, para no decir que inhumano, dejar en la calle a una familia trabajadora, que perdió el empleo por culpa de una pandemia. Qué sentido tiene caotizar la vida de las personas, más de lo que estamos todos por culpa del coronavirus. Personas que tampoco tienen culpa de que el Gobierno de este país no dé soluciones al tema de las viviendas”, ahondó Linares. 

Aunque priman los ejemplos solidarios de comprensión ante una pandemia que afecta a todos por igual, de una manera u otra, también se encontraron casos como el de Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente. Su casera ni siquiera se interesó en preguntar sobre las afectaciones laborales a consecuencia de la cuarentena y de la interrupción total del servicio de transporte público.

Ha tenido que pagar el total de su alquiler mensual ‒100 cuc‒ a pesar de las limitaciones lógicas para ejercer su oficio a consecuencia de la cuarentena y que, además, al igual que todos los periodistas independientes en la isla, es hostigado y amenazado con multas de tres mil pesos, bajo el Decreto-Ley 370, por ejercer su labor como informador.

Similar es el caso de Zenaida Farías, maestra de la enseñanza secundaria. Su arrendadora no accedió a rebajarle la tarifa mensual del alquiler ‒también de 100 cuc‒ sin importar que tiene dos hijos menores de edad y que el negocio donde su esposo trabaja, un restaurante privado, apenas llega a la mitad de los ingresos por la reducción de ofertas.

“Tampoco la culpo. Es su negocio, su tarifa. Cierto que es cuestionable su modo de percibir la realidad y su escasa solidaridad en una situación que nos rebasa a todos; a fin de cuentas, ella no es la culpable de la aparición del coronavirus ni del problema de vivienda que atraviesa desde hace décadas el país”, lamentó Farías.

Un caso totalmente opuesto es el de Emilio Nápoles y su esposa, ambos trabajadores estatales. A pesar de recibir remesas de familiares radicados en el extranjero, su casera acordó no cobrarle el alquiler y compartir los gastos.

“Nos dijo esta señora, un ángel de dios sin dudas, que en tanto se normalizara la situación, dividiéramos los gastos de agua, electricidad y gas, y nada más. Bueno, ya luego a empezar a pagar nuevamente el alquiler, sin recargo ninguno”.

“Si algo bueno ha tenido esta pandemia es que hemos podido conocer más el corazón de las personas, y esta señora lo tiene de oro”, concluyó Nápoles.