En el municipio Primero de Enero de la central provincia cubana CiegoDeÁvila, agentes del Ministerio del Interior (MININT) detectaron un delito de especulación y acaparamiento de productos agrícolas que "atenta contra la planificación, control y contratación de productos derivados de la agricultura", según reportó la prensa estatal.
El Teniente Misael Pichardo apareció en pantalla para decir que "se procede a activar el grupo de trabajo, dándoles captura a dos camiones del sector particular con 185 quintales de plátano".
Las imágenes muestran un vehículo cargado con este alimento, mientras se dice que los autores están bajo proceso investigativo luego de formularse "la denuncia por especulación y acaparamiento".
Fueron decomisados los 185 quintales de plátano vianda, que representan según el reporte oficialista, 30 390 pesos en el mercado formal. Estaban destinados a la provincia de Camaguey, donde el precio de este producto en el mercado informal oscila entre 3 y 5 pesos la unidad.
Estas acciones forman parte de la cruzada de las autoridades cubanas contra el acaparamiento, en lugar de gestionar la crisis y garantizar el abastecimiento.
El campesino cubano no es dueño de lo que produce, y mientras eso se mantenga, en medio de la escasez, difícilmente exista la seguridad alimentaria que evite el llamado acaparamiento. Este resulta, a su vez, de la propia ineficiencia para abastecer.
Entretanto se sigue haciendo uso de recursos para propósitos políticos y la economía se sigue hundiendo hasta un cisma previsible.
Según el funcionario Santos Guerra, entrevistado para el reporte del Canal Caribe, su unidad de acopio en el municipio Primero de Enero, de Ciego de Ávila, se encarga de centralizar y luego redirigir hacia los territorios como alternativa de distribución frente a la Covid-19.
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Los decomisos y multas se han elevado durante los meses de pandemia. El pretexto ha sido la crisis sanitaria, pero este exceso de mano dura con las "ilegalidades", le ha venido bien al socialismo insular para recaudar fondos de una población de por sí económicamente vulnerable.
Ante la caída de ingresos provenientes del exterior, al gobierno le ha resultado cómodo extorsionar con multas de 2000 y 3000 pesos a los cubanos por "no usar bien el nasobuco" o no cumplir otras medidas sanitarias. Sin embargo, las redes de negocios que antes dejaban correr con una política de tolerancia que beneficiaba a los propios inspectores (recaudadores), ahora son perseguidas con fuerza. Hasta las ventas online mediante la plataforma Revolico han sido intervenidas.
