Decenas de cubanos están siendo juzgados por manifestarse contra el Gobierno, aunque sus casos son desconocidos, como los de Yunier Claro Laguardia, Miguel Díaz Sosa y Alexis Agüero Gómez, aseguró el investigador de Human Rights Watch, Juan Pappier.
Claro, a quien piden 12 años de prisión por sumarse al levantamiento popular en San Antonio de los Baños el 11 de julio de 2021; el pescador Miguel Díaz Sosa, con una petición fiscal de 13 años, y el vendedor Jorge Agüero Gómez, condenado a 10 años de privación de libertad.
Según Pappier, Díaz Sosa, de San Antonio de los Baños, fue acusado de “empujar un cordón policial y gritar consignas contra el gobierno” y por ello tiene una petición fiscal de 13 años de prisión, pendiente la confirmación de la sentencia.
Agüero Gómez, vendedor de Camagüey fue golpeado “durante las manifestaciones populares y condenado en diciembre a 10 años de reclusión por supuestamente lanzar piedras durante una protesta”.
“El juez agravó la pena porque los hechos ‘desestabilizaron la tranquilidad’ un día ‘domingo”, apunta el representante de Human Rights Watch.
La organización independiente de asesoría jurídica Cubalex cifra en 1377 las personas detenidas en Cuba a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. De ellas, al menos 727 permanecen en prisión, incluidos 15 menores de 18 años.
La Físcalía General de la República de Cuba, tras más de seis meses de silencio sobre los procesos a los manifestantes, ha aclarado que 790 de ellos están en la cárcel con media cautelar de prisión provisional.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 fueron “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
Asimismo, 60 acusados tienen entre 19 y 20 años de edad, y 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.