Dan lástima algunas noticias que llegan de Cuba. Así como esta que refieren los medios independientes: gusanos vivos dentro de un paquete de cereal, supuestamente nuevo y en buen estado, en una tienda de La Habana.
¿Cómo llegaron allí y cuánto tiempo tuvo que pasar el estuche en almacenes para criar esas larvas, Dios sabe de qué insecto, mosca, mosquito o escarabajo? Difícil saberlo, pero según Augusto César San Martín, periodista de Cubanet, fue una de las experiencias más desagradables en su vida de consumidor.
Y las imágenes mueven a compasión —aunque sea un suceso aparentemente trivial como este— porque es el día a día de los cubanos desde hace décadas. Ni siquiera en las tiendas en MLC se salvan de las pequeñas miserias y sorpresas incómodas.
“Mi encuentro con la repugnancia ocurrió al comprar en el Mercado de Ánimas y Galeano, en Centro Habana, dos paquetes de cereales de la marca española Nacional, importado a Cuba por Ibero Trust Mercados S.A.”, comenta el reportero.
“¿Tienes el vale?”, fue la pregunta de la administradora del mercado para responder a la queja por la venta de alimentos descompuestos. La devolución del dinero fue tan rápida como la tímida disculpa. El dependiente que acompañaba a la administradora lanzó reproches contra lo que denominó “cadena de fatalidades” iniciadas por la humedad. Luego se comprometió a revisar el centenar de cajas de cereales en venta.
En Cuba no existen organizaciones independientes de consumidores que velen porque no sucedan hechos como estos en los mercados. La protección al consumidor se establece a través de la misma telaraña burocrática que favorece a las empresas gubernamentales.
Lo peor viene ahora: pasada la semana después de poner en alerta a la administración sobre los alimentos contaminados, el periodista regresó a la tienda para comprobar que hubieran retirado los alimentos descompuestos. No solo continúan a la venta, sino que el polvillo blanco en el exterior del paquete advierte que ni siquiera fueron manipulados.
La violación de las normas de seguridad alimentaria de los consumidores pocas veces recibe respuesta cuando se trata de instalaciones pertenecientes al gobierno, contrario a lo que sucede en el sector privado, donde las autoridades exceden las exigencias y condenan con severas sanciones.
No retirar el producto del mercado estatal, así como no emitir la alerta pública al consumidor, según la legislación cubana, está catalogado como delito contra la salud pública.
Las normas higiénicas exigen que, ante la duda de afectar la salud de los consumidores, se debe suspender la venta. Sin embargo, los artículos contaminados con moho y gusanos continúan allí, describiendo el fraude del Gobierno como único dueño y distribuidor de los mercados.
