La Fiscalía cubana pide 5 años de cárcel para la activista Daniela Rojo, por manifestarse “pacíficamente el 11 de julio”, declaró la exintegrante del grupo Archipiélago en sus redes sociales.
“He dado mi testimonio a varios medios y en ellos se puede constatar que mis acciones fueron pacíficas, que de hecho me arrestaron de forma arbitraria unas diez personas vestidas de civil y me lanzaron a un carro”, relató Rojo en su publicación, en referencia a su detención el 11J.
Según la Fiscalía, está acusada por los presuntos delitos de desorden público, desacato e instigación a delinquir, cuyas sanciones suman en conjunto 5 años de cárcel.
"En mi país no hay justicia ni nada que se le parezca. No cometí ninguno de los delitos que se me imputa, los presentes ese día (de ambos bandos) estábamos manifestándonos, solo que a los nuestros se les aplica la ley y a ellos no, dependiendo del carácter político de las consignas", apuntó.
La joven de 25 años, madre de dos niños, fue arrestada el 12 de noviembre por promover la frustrada Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre. Abandonó el grupo opositor Archipiélago por presiones de la Seguridad del Estado.
La moderadora de Archipiélago estuvo cinco días secuestrada en una “casa de protocolo” de la Seguridad del Estado en las afueras de La Habana, para impedir su participación en la Marcha Cívica por el Cambio del pasado 15 de noviembre.
Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos.
Desde inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
