Yanelis Rodríguez Reyes es la fiscal del proceso judicial en el que fueron condenados a varios años de prisión cinco cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio (11J) en el municipio Colón, en la provincia de Matanzas.
Norges Rodríguez, director y cofundador del medio independiente YucaByte, expuso a Rodríguez Reyes en Twitter y detalló que tiene 39 años y pidió entre siete y 10 años de prisión para los ciudadanos Francisco Rangel Manzano, Leylandis Puentes Vargas, Tania Echevarría Menéndez, César Adriam Delgado Correa y Raúl Santana López, condenados a la postre a entre cinco y ocho años de cárcel.
La fiscal fundamentó su acusación en la supuesta comisión de los delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”, a los que el régimen está acudiendo en la mayoría de los casos contra manifestantes del 11J.
Al igual que el órgano de instrucción del caso y el tribunal, Rodríguez Reyes cometió violaciones al debido proceso, según observaron abogados consultados por el medio independiente Diario de Cuba.
Estos apuntaron que, al no existir delito tipificado en el Código Penal relacionado con las conductas y acciones desarrolladas el 11J, los acusados sufrían “restricciones severas y arbitrarias a la garantía de libertad que exigen artículos de la Constitución”.
Los abogados también acusaron que la parte fiscal no narró ni fundamentó de manera convincente el delito penal en el Expediente de Fase Preparatoria, así como tampoco presentó pruebas que demostrasen el supuesto desorden público, disturbio, violencia, amenaza, desacato o intimidación notoria a las autoridades o agentes policiales.
A pesar de ello, las peticiones fiscales de Rodríguez Reyes encontraron respaldo en la jueza del Tribunal Municipal de Colón, Dayris Roque García, quien dictó contra los manifestantes condenas coherentes con lo solicitado por la parte acusatoria.
Roque García también fue expuesta este fin de semana en redes por Norges Rodríguez.
“Tiene 30 años y es jueza del Tribunal Municipal de Colón”, escribió Rodríguez en Twitter, donde compartió extractos de la prensa oficialista cubana en los que Roque García se dice satisfecha y orgullosa por ser jueza y pertenecer al sistema de tribunales cubanos.
“Ha sido para mí una manera de actuar, de pensar, de ver la vida, de vencer los obstáculos que impone administrar justicia en estos tiempos. Ser jueza me ha hecho crecer como profesional, me ha convertido en mejor ser humano. Existe un antes y un después de haberme investido con la toga y el honor”, aseveró Roque García en marzo de 2021.
Denuncia pública contra fiscales y jueces partícipes de la represión
Organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba, activistas y cubanos de toda índole están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Esta semana fue identificado Luis Enrique Corcho Rosa como responsable de las peticiones fiscales contra varios cubanos acusados por la manifestación antigubernamental en el municipio Caibarién, en la provincia de Villa Clara.
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Previamente había sido denunciada Dagmaris Jaca Seco, la fiscal del municipio San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, que firmó peticiones fiscales de entre seis y 15 años de cárcel para 17 manifestantes en ese poblado, donde comenzó el levantamiento popular que se extendió a más de 60 localidades de la isla entre el 11 y el 12 de julio.
También fueron identificados los fiscales Mabel Palacios Aties, Francisco Sera Planas, Liliam Fernández Berro y Yerandy Calzadilla Dávalos, y los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, todos los cuales solicitan excesivas condenas o dictan sentencia bajo cargos fabricados contra los cubanos que participaron en las protestas en distintas demarcaciones.
El Centro de Información Legal Cubalex cifra en 1.339 las personas que fueron detenidas por participar en las protestas. De ellas, al menos 710 continuaban arrestadas hasta el 3 de enero, según la organización de la sociedad civil independiente.
La ONG Prisoners Defenders, por su parte, registró la existencia de 842 presos políticos en Cuba al cierre de 2021, entre ellos unos 132 detenidos y procesados bajo el cargo de “sedición”.
Hasta el momento, al menos 137 prisioneros han sido sentenciados a penas de más de 10 años de privación de libertad en relación con lo acontecido el 11J.
