El Premio Sajárov 2010, Guillermo Fariñas, acompañó a los familiares de los presos políticos que serán juzgados en el Tribunal Provincial de Villa Clara, informó este 10 de enero la activista Saily González.
Un dispositivo policial rodea la sede del juzgado, denunció González en Twitter, mientras a los familiares se les impide aproximarse al lugar. “A los familiares y amigos no nos permiten siquiera sentarnos en el parque al frente que está cercado”, precisó la activista.
Entre los acusados se encuentra Andy García Lorenzo, de 23 años, quien enfrenta siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y desacato a la autoridad.
Otros presos políticos del 11J pendientes a juicio en Santa Clara son José Gabriel Arruebarruena, Yunior Sebey Mena, Randy Arteaga Rivera, Mercy Daniela Pitchs Martínez, Liván Hernández Sosa, Maykel Fleites Rivalta, José Miguel Gómez Mondeja, John Luis Machado Marrero, Pedro Manuel Nicodemos Cabrera, Amanda Dalai Matatamoros Cabrera, Brian Amed Ceballo O'Reilly, Leonel Tristá García, Ariel Núñez Martínez, Armando Guerra Pérez y Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz.
García Lorenzo se encuentra preso desde el pasado 11 de julio de 2021 cuando ya regresaba hacia su vivienda luego de participar en las protestas pacíficas de su ciudad. Lo ingresaron en una patrulla policial y lo golpearon. No recibió entonces atención médica, añadió su familia.
Primero estuvo en la cárcel conocida como La Pendiente y a inicios de diciembre pasado las autoridades lo trasladaron para Guamajal. En octubre de 2021 realizó una huelga de hambre de 10 días que abandonó por motivos de salud.
A inicios de mes, cinco manifestantes del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara, fueron sentenciados en juicios donde no se tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos que presentó la defensa.
Magdiel Rodríguez recibió una sentencia de 4 años y 6 meses de cárcel; Javier Delgado Torna y José Rodríguez, 3 años y 6 meses; Carlos Michael Morales, 2 años y 10 meses e Isel Fumero, 2 años y 6 meses.
El juez tomó en cuenta únicamente el testimonio de los testigos presentados por la Fiscalía, aunque las penas fueron ligeramente menores a las solicitadas por el fiscal.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, la mayoría ciudadanos comunes sin filiación opositora. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
