Una carta firmada por ciudadanos cubanos exige al Gobierno información sobre las más de 800 personas desaparecidas en Cuba luego del 11 de julio y transparencia en los procesos legales de los arrestados.
La iniciativa, que circula en Change, pide que las autoridades pongan fin a los juicios por delitos como “instigación a la violencia” o “atentado” ya que, aseguran los firmantes, no cumplen con los requisitos jurídicos mínimos.
Además, reclama la aprobación del Decreto Ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, con un marco que regule y no penalice este derecho.
Por otra parte, solicita la derogación de los artículos 208 y 209 de la Ley No. 62, Código Penal, que restringe estos derechos a “organizaciones” inscritas en el registro de asociaciones del Estado cubano.
También pide una ley de reclamaciones constitucionales ante tribunales, para legalizar denuncias de violaciones de la Carta Magna y que organismos internacionales ingresen a Cuba “con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país”.
Entre otras peticiones, destaca una ley de Amnistía para los presos políticos, una comisión de reconciliación nacional y una disculpa pública del presidente Miguel Díaz-Canel por aprobar el uso sistemático de la fuerza contra la ciudadanía, en contra de las leyes cubanas.
Las reclamaciones se apoyan en varios artículos de la Constitución de 2019, que establecen derechos como la igualdad ante la ley, la transparencia en el uso de la información, y los derechos de reunión y manifestación.
Entre los firmantes se encuentran Laritza Diversent, directora de la ONG Cubalex, que brinda asesoramiento legal a opositores, presos políticos y sus familiares, la periodista independiente Luz Escobar, y la historiadora de arte y activista del Movimiento San Isidro Anamely Ramos.
Las protestas comenzaron el domingo 11 de julio en San Antonio de los Baños, un pueblo ubicado en la provincia Artemisa y se extendieron a decenas de localidades del país.
Hasta el momento, el gobierno cubano reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
La ONG Cubalex ya suma en su listado 800 detenidos y desaparecidos.
