El gobierno de España evitó pronunciarse sobre las numerosas denuncias contra el “trabajo forzoso” que sufren los médicos cubanos en el exterior, aunque sugirió que cualquier contratación en su territorio tendría que ajustarse a la legislación laboral.
“La prestación de servicios o la realización de actividades profesionales en España debe hacerse respetando nuestro marco legal y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia laboral", afirma Madrid en una respuesta parlamentaria al partido Ciudadanos.
En opinión de dos médicos exiliados, la posición expresada por Madrid cierra las puertas a peticiones de sectores castristas en el país europeo.
“El gobierno español ha dejado claro que no pretende traer a profesionales cubanos de la salud y que desconoce las colaboraciones médicas que utiliza el régimen cubano para enriquecerse”, afirmó el doctor Nelson Gandulla en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, para el doctor Lucio Enríquez, “dentro del marco laboral es imposible que España contrate médicos cubanos. No cabría esperarlo, sería ilegal, totalmente imposible”.
La respuesta parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez añade: “España no tiene suscrito ningún acuerdo con Cuba ni mantienen ninguna colaboración relacionada con las denominadas Misiones Internacionales cubanas ni relativa al desplazamiento de profesionales sanitarios cubanos con finalidad laboral en nuestro país”.
Por tanto, “la definición del contenido de los acuerdos internacionales corresponde exclusivamente a las partes firmantes, por lo que España, no siendo parte, no los conoce ni entra a valorarlos”.
El texto, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, dice que la coalición entre socialistas y comunistas “mantiene una política de diálogo crítico pero constructivo con Cuba en materia de Derechos Humanos, reconociendo que existen diferencias sustantivas, lo que no impide colaborar y avanzar en cuestiones de interés común”.
El partido Ciudadanos también preguntó sobre la estrategia a seguir con la nueva Administración de Joe Biden en estos temas.
“España y la UE respetan, pero no comparten el actual enfoque de la administración de los Estados Unidos de América (EE.UU.) en materia de promoción y defensa de los DDHH en Cuba basado en el embargo y las sanciones, al considerar que resulta lesivo para el conjunto de los ciudadanos y apenas ha provocado cambios estructurales”, indica el texto.
La parte más polémica de la respuesta parlamentaria parece elogiar a la Constitución aprobada en 2019.
“Reconoce en su Título III (Derechos, Deberes y Garantías) un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales, muchos de ellos ya recogidos en la Constitución de 1976, pero también otros que suponen una novedad significativa, como la mención a la ‘libertad de expresión”, recoge el documento.
