En medio de escasez el castrismo le debe 170 mil pesos a campesinos cubanos

Casos como el de estos campesinos solo sirven para cada día sean menos los que apuesten por el trabajo en el campo y la producción de alimentos, y al final el pueblo, como siempre, se lleva la peor parte
En medio de escasez el castrismo le debe 170 mil pesos a campesinos cubanos
 

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Los campesinos Martha Lores Ortiz y Conrado Cobas Matos dejan atrás el 2020 muy molestos con el régimen, y para dejar constancia de esto enviaron una carta a la redacción del oficialista periódico Juventud Rebelde donde denuncian que  la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) José Martí, del municipio guantanamero de Imías, a la cual están asociados, les debe a ellos y a otros productores más de 170 000 pesos. Y las autoridades no mueven ni un dedo para revertir esa situación.

Explican en su carta, la cual fue publicada este 26 de diciembre en la columna Acuse de recibo del mencionado periódico, que en la asamblea de afiliados de la CCS se tomaron dos acuerdos relacionados con una auditoría fiscal y un proceso judicial a la junta directiva saliente, porque tiene una deuda de más de 400 000 pesos. Y agregan que "eso fue hace más de dos meses y nada se ha cumplido". Sin dejar de mencionar que la tasa de interés a los créditos bancarios otorgados a los productores sigue aumentando.

Como pasa siempre en estos casos, los campesinos cumplieron a tiempo con lo pactado en el contrato con la CCS, pero esta lo infringe impunemente. "Y lo más preocupante, es que ante sus notificaciones con la Delegación de la Agricultura, la ANAP, el Gobierno y el Partido Municipal, entre otros, responden que 'ellos no pueden meterse en eso'", señalan. Si la situación fuera al revés, sin lugar a dudas las autoridades ya hubieran tomado medidas

Martha y Conrado relatan, que ante tanta indefensión, y sin más opciones, decidieron contratar a un abogado, pero como era de esperar para un caso como este, les fue imposible, pues, si bien de acuerdo con el contrato que firmaron con la CCS, supuestamente podrían demandar a la entidad, el Decreto Ley 635, acuerdo 3, refiere que el campesino no puede demandar a la propia fuerza productiva de la cual es asociado.

"¿Qué debemos hacer, a quién recurrir cuando no nos sentimos respaldados por nadie?", preguntan, pero las respuestas no la van a obtener de parte de las autoridades, por lo menos no de quienes debieran darlas, porque son los principales responsables de que situaciones como esta aun existan, a pesar de la profunda crisis alimentaria por la que atraviesa el país.

Casos como el de estos campesinos solo sirven para cada día sean menos los que apuesten por el trabajo en el campo y la producción de alimentos, y al final el pueblo, como siempre, se lleva la peor parte.

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