Más de seis millones de pesos en multas impusieron las autoridades cubanas en las provincias de Matanzas y Cienfuegos en lo que va de año, según informan medios oficiales.
Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en la más occidental de estas provincias el total de sanciones asciende a 1500, lo que suma unos cuatro millones de pesos, de los cuales se cobraron hasta la fecha apenas 350 000.
Todavía, la mayor parte está en el período hábil para realizar el pago —aseguró Alina Vera Bouza, directora de Finanzas y Precios en ese territorio—, por lo que las autoridades podrán contar con una gran afluencia de efectivo en los próximos meses.
Entre las actividades con mayor número de violaciones sobresale la del llamado carretillero, mientras en el apartado de las medidas sanitarias tienen un peso importante las personas que usan incorrectamente la mascarilla, o simplemente no lo utilizaron en un espacio en que se requiere.
Mientras tanto, Cienfuegos cerró el año 2020 con 16 113 multas, cuyo monto asciende a dos millones 300 000 pesos, según declaró Paulino Díaz, jefe local de las Direcciones Integrales de Supervisión al periódico 5 de septiembre.
Los cubanos tienen que vivir con el temor de que les impongan cualquiera de las descomunales multas que por estos días aplica la dictadura bajo el amparo del Decreto Ley 30, el cual se enmarca en la llamada Tarea Ordenamiento.
El mencionado decreto entró en vigencia el pasado 1ro de febrero, y desde entonces el régimen ha recaudado cientos de miles de pesos en todo el territorio nacional, y un ejemplo de esto es el de la provincia de Holguín, en donde se obtuvieron 374 000 pesos en multas, según un artículo publicado este 14 de febrero por la estatal ACN.
Como parte de las nuevas medidas económicas que comenzaron a implementarse a partir del 1ro de enero de este año, el régimen estableció un listado de precios topados, el cual en muchos casos da un margen muy reducido de ganancia a los trabajadores por cuenta propia, y no toma en consideración algunos aspectos relacionados con la inversión que estos deben hacer para poder mantener las ofertas en sus negocios.
Si bien el tope de precios es igual tanto para el sector estatal como para el privado, hay que señalar que este último no cuenta con los benéficos de mercado mayorista que tiene el primero, lo que hace que la inversión sea mayor, reduciendo las utilidades.
