El 2 de julio de 2019 una niña de tan solo ocho años de edad, Gredmarian, sería testigo del asesinato de su madre y de su abuela, acaecido en el domicilio ubicado en calle García No. 154, entre 23 y 24, Cárdenas, Matanzas. Este doble feminicidio se agregaría a la lista de decenas de eventos similares, y que jamás trascendieron a las páginas de la prensa oficial en la Isla.
Lejos de experimentar un descenso en los índices de feminicidios y eventos de violencia de género, 2020 apunta hacia una escalada de tales hechos, sin que autoridades de Justicia se pronuncien o emitan alertas al respecto. Un silencio que podría ser traducido en desprotección o incluso muerte de muchas más mujeres cubanas.
Un mensaje que no deja lugar a dudas es que el régimen en la Isla no incluirá en las 107 normas jurídicas pendientes de aprobación ‒como parte de su Cronograma Legislativo‒ la implementación de una ley contra la violencia de género. Por ende, la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP), con esta postergación al menos hasta 2028, decreta la vulneración de la mujer cubana ante un fenómeno que se agiganta.
Aunque el régimen reconocería en mayo del pasado año ‒en su primer Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030‒ la incidencia de feminicidios en el país, la cifra ofrecida (0,99 feminicidios por 100 000 adolescentes y mujeres) se contradice con las que reflejan los Anuarios Estadísticos de Salud. Datos proporcionados por la Red Femenina de Cuba (RFC), con sede en Madrid, estimaron que más de 500 mujeres cubanas fueron asesinadas entre 2015 y 2018.
Por otra parte, poco o nada se divulga en los medios de prensa oficiales sobre los feminicidios en Cuba, donde la abrumadora mayoría de estos eventos ocurrieron en presencia de hijos menores de edad. Lo que significa que, por extensión, las autoridades del régimen también "fatalizan" a los infantes mientras no toman medidas para detener el círculo de violencia, machismo y muerte que afecta a las mujeres.
Como se reveló en la investigación "Feminicidios: los crímenes que oculta el socialismo", las autoridades policiales y de Medicina Legal en Cuba descartan "cualquier resultado investigativo que avanzara en que una mujer, en este país, pudiera ser asesinada por su condición de ser mujer, sean cualesquiera las circunstancias que conllevasen al crimen". En consecuencia, los asesinatos de mujeres resultan los casos de la violencia más silenciados por el régimen.
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Uno de los ardides clásicos a los que recurre el régimen cubano para evadir y no reconocer el incremento de la violencia en Cuba, son las comparaciones estadísticas del fenómeno con otras naciones.
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha puntualizado en reiteradas ocasiones que la violencia contra la mujer es un obstáculo para el logro de la plena efectividad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mitad de la población mundial.
Desde el punto de vista social, las condiciones de profunda contracción económica arrojan consecuencias negativas como la inestabilidad laboral, acumulación de tensiones y desequilibrio personal y familiar ante el déficit de recursos imprescindibles y la imposibilidad de su solución a corto plazo. Todo este contexto favorece la aparición de situaciones violentas en las que las mujeres llevan la peor parte.
Como ha señalado la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva del Centro de Información Legal Cubalex, el fenómeno de la violencia de género en Cuba es imposible de controlar "si el Estado continúa invisibilizándolo en lugar de tratarlo como tema prioritario. El Estado tiene que, primero, abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres; segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos de violencia contra ellas; y tercero, tiene que adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales".
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Sin embargo, el régimen se rehúsa a reconocer sus reacciones tardías o sus intentos de ocultamiento. En entrevista ofrecida a medios de prensa argentinos, en 2018, la directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín, aseguró que en la Isla "no tenemos feminicidios (…) porque Cuba no es un país violento".
Cada mujer asesinada, cada feminicidio, cada agresión sexual o acto de violencia contra una persona del género femenino va a la cuenta del régimen que no hace valer y traiciona su propia Constitución.
El Artículo 43 de la Carta Magna asegura que el Estado "propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello".
