El preso político Roberto Pérez Fonseca, encarcelado por romper un cuadro de Fidel Castro durante las protestas de julio, fue llevado a una celda de castigo, informó este 23 de diciembre su hermano, el activista Alberto Ortega.
“Me acaban de informar que pusieron a mi hermano Roberto Pérez Fonseca en celda de castigo, por el tatuaje 11-J”, denunció en Twitter el activista, promotor del boicot contra la industria turística cubana.
Mientras tanto, la periodista Claudia Padrón dijo que los oficiales del centro penal exigieron al preso político que se retirara el tatuaje. “Los oficiales querían que se quemara el brazo para borrarlo, Roberto se negó y fue ubicado en un hueco oscuro sin movilidad”, precisó.
Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de “atentado”, “desacato”, “instigación para delinquir” y “desorden público” durante un juicio sin garantías legales, que se celebró en octubre en San José de las Lajas, Mayabeque.
Aunque las autoridades aseguraron que el joven manifestante agredió “con piedras y botellas” a agentes de policía durante las protestas de julio en su municipio, Ortega aseguró a ADN Cuba que la sentencia en verdad lo castiga por destruir en público la imagen del dictador.
“Es una injusticia. No solo lo que hacen con él sino con todos los muchachos acusados falsamente como escarmiento por salir a protestar”, declaró Ortega a este medio con voz de cansancio e indignación en una entrevista anterior, del 21 de septiembre.
Alberto Ortega promueve el boicot de la industria turística cubana para reducir la financiación del sistema represivo de la isla y difundir la situación de cientos de presos políticos que, como su hermano, cumplen condenas de hasta 25 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en julio en la isla.
Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos.
Desde inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
