Penas que van de siete meses a seis años de cárcel tendrán que cumplir los siete implicados en la compraventa de 15.000 manzanas en la tienda La Puntilla, en La Habana, por los delitos de cohecho y acaparamiento.
Según informó el diario independiente 14ymedio, que ha tenido acceso a la sentencia judiacial a través de un familiar de los condenados, el proceso se celebró el pasado mes de junio, pero hasta ahora la prensa oficial ha ignorado el asunto, que tuvo su origen en una denuncia del bloguero oficialista Iroel Sánchez.
El funcionario se escandalizó por la actuación de un grupo de individuos que transportó con carretillas desde la tienda La Puntilla hasta un vehículo de la corporación CIMEX unas 15.000 manzanas, el 9 de septiembre de 2018.
Ese mismo mes que Sánchez publicó la denuncia en su web, tras una investigación relámpago, la empresa estatal decidió separar definitivamente de sus cargos y procesar judicialmente a los siete empleados del centro comercial habanero.
Nueve meses después del incidente, el 27 de junio de este año, los acusados fueron condenados por los "delitos de cohecho y acaparamiento de carácter continuado".
El juicio, oral y público, tuvo lugar en el Tribunal Militar Región Sistema Empresarial en La Habana, debido a que el mercado donde ocurrieron los hechos es gestionado por CIMEX, corporación en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Según14ymedio, los procesados fueron los trabajadores estatales Rafael Tápanes Montalvo, Adonis Semanat Ortiz y Joel Muñiz Lorenzo, además de los privados Luis Eduardo Bruzón Mesa, Alexis Hechavarría Guerra, Raudelis Ramos Mejía y Eliecer Samada Hechevarría, los compradores de las manzanas.
Tápanes Montalvo era dependiente de la Base de Almacenes Tropicola que abastece a dependencias de la FAR, mientras que Semanat Ortiz trabajaba en el almacén La Puntilla. Ambos fueron condenados a seis años de cárcel y la severidad de sus condenas se debió a su relación laboral con empresas de las FAR, precisó la publicación.
El reportaje de la periodista Luz Escobar añade que a Tápanes Montalvo se le acusó del delito de cohecho porque avisaba a través de mensajes de texto (SMS) a los cuentapropistas sobre el lugar y la fecha de la venta de las manzanas. A cambio recibía 20 CUC y una recarga a su línea de celular, según la Fiscalía. La defensa aseguró que el empleado daba esa información para facilitar la gestión a los comerciantes, pero que nunca pidió dinero a cambio.
Sobre Tápanes Montalvo y Semanat Ortiz, ambos considerados "funcionarios públicos" y sometidos a penas más severas, el documento judicial señala: "Como sujetos especiales, debían evitar que agentes corruptores lograran romper la barrera de la honradez e integridad que debe caracterizar a un empleado público".
Muñiz Lorenzo, que se desempeñaba como chofer de la Plaza Carlos III y el vehículo estatal que conducía se empleó para el traslado de las manzanas, fue sentenciado a siete meses de cárcel, pero salió en libertad tras el juicio porque ya había purgado su pena en detención preventiva.
Los cuentapropistas fueron acusados de especulación y acaparamiento y sancionados a penas que oscilan entre tres y cuatro años de prisión.
El acaparamiento es una figura delictiva regulada en el artículo 230 del Código Penal cubano y castiga a quien retenga en su poder o transporte mercancías o productos "en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales".
En el juicio se precisó que todos los cuentapropistas tenían sus documentos en regla y pagaban correctamente sus impuestos. Ramos Mejías, por ejemplo, tenía autorización para comercializar alimentos ligeros y un permiso de la Administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo.
El abogado Miguel Iturría, colaborador de la Asociación Jurídica de Cuba, citado por el medio, advirtió de que algunos juristas son del criterio de que el delito de acaparamiento "está reservado solo para productos normados cuya adquisición es limitada", pero en la práctica judicial se ha aplicado con frecuencia contra clientes de mercados liberados como las tiendas en moneda convertible.
"Si alguien acude a un establecimiento público a comprar 40 o 50 frazadas de piso, producto que desaparece con frecuencia, en la entidad estatal se las venden y al llegar a su domicilio o en la vía pública es detenido, procesado y, posteriormente, sancionado", señaló Iturría, para quien esta "situación constituye un absurdo".
Desde su reaparición en los años 90, el sector privado cubano reclama el acceso a un mercado mayorista que le permita comprar grandes cantidades de productos a precios preferenciales. Solo se han abierto tiendas donde se puede adquirir al por mayor algunos pocos productos, pero sin ventajas económicas.
