Opositores cubanos fueron amenazados con la cárcel

Los activistas Ismael Boris Reñi y María Acón Sardiñas fueron amenazados con ir a prisión tras una detención en La Habana.
Ismael Boris Reñi y María Acón Sardiñas (Foto: Facebook)
 

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Los activistas Ismael Boris Reñi y María Acón Sardiñas fueron amenazados con ir a prisión este 3 de agosto tras una detención en La Habana, informó Reñi en redes sociales.

“Fuimos amenazados con ir a prisión, entre otras cosas”, por la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado, precisó Reñi, coordinador en la capital de la plataforma opositora Cuba Decide. Ambos activistas fueron liberados la víspera.

Acón Sardiñas pertenece al movimiento disidente Damas de Blanco, mientras que Boris Reñi, a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

El activista fue liberado en 2020, luego de cumplir una sanción de dos años de prisión por un cargo de “desacato a la autoridad”, informó Radio Martí.

Boris Reñí había sido detenido el 20 de noviembre de 2018 y trasladado a prisión para esperar un juicio. En agosto del 2019, le fue celebrado el juicio en el Tribunal Municipal de Marianao, durante el cual le solicitaron dos años de cárcel por “tres delitos de atentado”.​

En una cárcel de Santiago de Cuba también se encuentra el coordinador de la Unpacu, José Daniel Ferrer, desde julio de 2021. Ferrer fue arrestado cuando intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en todo el país ese día.

Según Cuban Prisoners Defenders (CPD), del total de los 1 046 prisioneros políticos que hay en la isla, 901 corresponden a las protestas del 11 de julio (11), un total en el que se encuentran registrados 37 menores de edad.

Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.

De los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.

Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantessegún una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.