La revista Alma Mater, publicación de los universitarios cubanos, se comprometió este 20 de julio a esclarecer el arresto de los estudiantes cubanos Alexander Hall y Leonardo Romero Negrín durante el levantamiento popular en Cuba la semana pasada.
El medio de prensa dijo estar dispuesto a “continuar investigando y hacer público cualquier caso de uso excesivo de la fuerza durante la actuación de la policía, el pasado domingo, contra personas que se manifestaron pacíficamente”.
Hall fue arrestado el día 11 y liberado el 16 de este mes. En una publicación en redes sociales aseguró que no renunciaba a su militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas, brazo “juvenil” del Partido Comunista de Cuba (PCC) y que, a través de la Casa Editora Abril, publica la revista Alma Mater.
El joven también criticó la falta de libertades en Cuba y a los “pseudo revolucionarios” que han traicionado los ideales de la Revolución.
Mientras, Romero Negrín también fue arrestado el domingo 11 de julio, día en que comenzaron las manifestaciones en Cuba y, según informes de ONGs y medios independientes, se desató la represión más agresiva.
Romero Negrín, estudiante de Física en la Universidad de La Habana, relató al sitio La Joven Cuba, las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima mientras estuvo preso. Golpizas, intimidación sexual y ensañamiento de la policía son algunas de estas violaciones, que narró con lujo de detalles al citado medio.
El joven negó participar en las protestas, debido a que enfrenta un proceso legal por participar en otra manifestación, que ocurrió en abril de este año en la calle capitalina Obispo, donde salió con un cartel con el lema “socialismo sí, represión no”.
“Nuestro equipo recién logró entrevistar a ambos y, en días próximos, Alma Mater publicará las declaraciones de ambos estudiantes, acerca de lo acaecido a partir de su participación en las manifestaciones en la capital, sus respectivas detenciones y su posterior liberación”, comentó el sitio oficialista.
Hasta el momento la revista es el único medio de prensa oficial interesado en dar voz a los reprimidos durante el estallido social de julio; incluso reconoció el carácter pacífico de las manifestaciones.
El relato del Gobierno y el PCC —que controla a la prensa del Estado— califica a los manifestantes de “mercenarios” y “delincuentes pagados por EE. UU.”, mientras acepta que algunos son “revolucionarios confundidos”.
En una publicación anterior, Alma Mater justificó el actuar de la policía cubana asegurando que había sucedido con apego a las leyes.
Las protestas comenzaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa (occidente) y se extendieron por más de 60 localidades del país.
Hasta el momento, la ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ya suma en su listado más de 500 detenidos y desaparecidos durante las protestas.
El gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no se da las causas del deceso.
