La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, criticó la decisión del gobierno de prohibir la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre, divulgada la víspera.
“El gobierno de Díaz-Canel viola nuevamente el derecho de las personas a protestar pacíficamente en Cuba. Con el usual lenguaje de guerra fría, niega la petición de Archipiélago para la marcha del 15N, y sigue deteniendo arbitrariamente y hostigando a activistas que la organizan”, declaró la activista en Twitter.
La decisión, divulgada este martes, provocó una ola de protesta e indignación entre activistas, ciudadanos, políticos de la emigración e intelectuales, quienes expresaron sus opiniones en redes sociales.
La ONG pro-derechos humanos Cuban Prisoners Defenders (CPD) aseguró que la prohibición viola el principio de soberanía popular.
“Si se esgrime el art. 4 de irrevocabilidad del sistema, y se proscribe que el pueblo exponga su opinión en manifestación pacífica, se niega de norma y de facto la soberanía del pueblo sobre su sistema y evolución, lo que confirma una tiranía en contra del pueblo”, declaró CPD en Twitter.
Marco Rubio, por ejemplo, calificó de cobarde al régimen por la prohibición. “Ante el clamor de libertad que tanto añora el pueblo cubano, quien ha sido enfático en su llamado de Patria y Vida, optan por censurar a los que querían marchar pacíficamente el 15N”, agregó Rubio en Twitter.
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que “protestar es un derecho que no puede estar sujeto a los caprichos de un gobierno”.
Este martes, dirigentes municipales y provinciales se reunieron con representantes de Archipiélago para “dar respuesta oficial a dicha convocatoria ciudadana”, informó en redes sociales la activista Daniela Rojo.
“Lo primero que les tuvimos que explicar es que no reconocemos esa marcha como lícita, porque lacera los derechos personales”, afirmó tras el encuentro el Intendente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, al portal Cubadebate.
Los promotores de la manifestación fundamentaron su convocatoria con el artículo 56 de la Constitución aprobada en el 2019: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
Por su parte, Archipiélago aseguró en un comunicado de este martes en la tarde que tendrá lugar la marcha del 15 de noviembre, con o sin la aprobación del régimen.
“El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, asegura el texto divulgado en Facebook.
La iniciativa surgió en el grupo Archipiélago, fundado por el dramaturgo y actor Yunior García tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio último.
Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
