La Fiscalía de Cuba solicitó este 2 de noviembre 7 años de cárcel para el rapero Randy Arteaga Rivera, quien se encuentra en prisión preventiva tras las protestas del 11 de julio, informó la página Diverso Cuba.
Arteaga, de Villa Clara, ha recibido dos visitas de su madre, y aunque ya cuenta con abogado, aún no hay fecha de juicio. Primero estuvo en Instrucción Penal y el 26 de julio lo trasladaron para la cárcel La Pendiente.
Un video difundido en redes sociales evidencia que el joven se encontraba protestando pacíficamente, por lo cual no habría motivos para su arresto. Sin embargo, fue detenido violentamente por agentes de la Seguridad del Estado y policías.
Según confirmó la activista Leidy Laura Hernández, de esa provincia, al rapero lo están procesando por supuesto 'desorden público', un delito común que el gobierno cubano utiliza contra opositores.
En febrero de este año, Arteaga Rivera estrenó la canción "Basta", contra el racismo y la discriminación en la Isla.
Otros raperos cubanos fueron detenidos tras las protestas masivas de julio. Ramón López Díaz, conocido como "El Invasor", fue liberado el 1 de agosto tras permanecer más de dos semanas en la cárcel.
El 26 de julio, el rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como "El Radikal", fue trasladado a la prisión Combinado del Sur de la provincia de Matanzas, según informó en Facebook su colega, Osvaldo Navarro Veloz (Navypro).
La organización PEN Internacional emitió el pasado 23 de julio una declaración conjunta que condena la represión del régimen cubano contra los escritores, artistas y periodistas independientes en la isla, donde incluye a ambos músicos.
Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros, por delitos como “desacato”, “instigación a delinquir” y “desorden público”.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
