Este domingo 5 de enero entran en vigor en toda Cuba las nuevas medidas para transportistas privados que fueron publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 6 de noviembre. Modificadas a partir de las demandas de la población y los propios transportistas derivadas del experimento realizado en La Habana desde mucho antes, las nuevas medidas suponen un relativo relajamiento de aquellas iniciales que motivaron huelgas silenciosas y “desobediencias” de boteros y taxistas particulares.
Sin embargo, habrá que ver hasta qué punto las disposiciones son realmente efectivas y logran la complacencia de un sector que, la mayoría de las veces con razón, percibe todo lo que se regula como una afrenta a su éxito y un desmesurado interés por controlarlo.
Sobre las medidas relacionadas con la Licencia de Operación de Transporte (LOT) para todo el país, el diario provincial villaclareño Vanguardia publicó este sábado una entrevista a Sergio Benítez Betancourt, director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico.
Según éste, las nuevas normas responden a demandas e intereses de los transportistas, relacionadas con “la prestación de los servicios, el precio, la adquisición y consumo de combustible”.
Originalmente, el Gobierno pretendió establecer tres modalidades de prestación de servicios (Libre, Ruta y Alto Confort) y regular los precios de una manera que no se correspondía con la realidad económica del país. Por todos es sabido que los taxistas privados adquieren la mayor parte del combustible con el que operan en el mercado negro, pero regulaciones excesivas y controles desmesurados no son la mejor alternativa para evitarlo.
Lo que más bien se conseguiría con ello, y se consiguió durante varios meses, es desestimular la rentabilidad de la actividad para sus operarios, que acuden al alza de precios como una manera de mantener su habitual ganancia.
De tal suerte, las nuevas medidas parecen más racionales y pudieran desestimular un poco la compra y trasiego de combustible en el mercado informal, así como el abandono de los transportistas de sus rutas habituales, demandadas por muchos cubanos ante la inoperancia y permanente insuficiencia del transporte público.
Benítez Betancourt explicó a Vanguardia que las modificaciones que hoy entran en vigor, aunque hay un período de implementación de 60 días hábiles, “se proponen modificar en una sola licencia, denominada Regular, las actuales modalidades de servicios libres y de ruta”.
Esta nueva licencia “puede tener alcance municipal, provincial o nacional” y coexistirá con “la modalidad de alto confort o clásico, vinculada a la empresa Taxis Cuba”.
Además de los tipos de licencia, que ya permiten al transportista que no pertenezca a Taxis Cuba trabajar lo mismo en una ruta que en una “carrera” cualquiera pactada con su cliente, las nuevas medidas hacen obligatoria la tenencia de una cuenta bancaria fiscal, y el uso de tarjetas magnéticas para la adquisición de combustible, para todos los porteadores privados del país.
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“Estas regulaciones establecen un consumo mínimo y máximo mensual en dependencia del tipo de vehículo, la capacidad del medio y la actividad a realizar”, precisó el directivo de Santa Clara, que además dio detalles de las características que tiene la nueva modalidad de licencia Regular.
“Es un servicio de transporte de pasajeros que se realiza en cualquier itinerario en el territorio autorizado, o sea, según la extensión de las licencias (municipales, provinciales y nacionales). Además, cobrará los servicios según los precios aprobados por el Consejo de la Administración. Con esta nueva licencia también se puede realizar el servicio puerta a puerta a solicitud del usuario, quien determina el recorrido a realizar”.
Respecto al precio del combustible a través del uso de las tarjetas magnéticas, Benítez Betancourt reafirmó que será de 8 pesos en moneda nacional por litro para el diésel regular y la gasolina motor (B-83), de 10 para la gasolina regular (B-90) y de 15 para la especial (B-94).
Un dato importante es que las medidas que hoy entran en vigor no suponen cambios en el sistema tributario de los transportistas, aunque los precios de las rutas serán establecidos por los Consejos de la Administración de cada municipio, “según sus características e intereses”.
