El preso político Juan Enrique Pérez Sánchez fue sometido a una golpiza el 11 de julio por resistirse a gritar “Patria o Muerte” en la cárcel, denunció a América Noticias este 28 de diciembre su esposa, Dayana Randa.
“Lo tenían en el suelo en un pasillo y le daban patadas y bastonazos mientras le iban diciendo ‘grita Patria o Muerte’ y el gritaba ‘Patria y Vida’. Yo estaba en el techo de la guagua, cuando de repente dos hombres vestidos de militar me bajaron y dijeron dónde tenían a mi esposo. Ese momento para mí fue doloroso; verlo tirado y no poder ayudarlo”, comentó Randa sobre el arresto de ambos.
Randa fue testigo del arresto y la golpiza a su esposo, uno de los 11 presos tras el levantamiento de julio en el poblado Vegas, Mayabeque. Todos fueron conducidos al antiguo Centro de Internamiento de VIH/SIDA en San José de las Lajas.
“Cuando llegamos a esa prisión a la primera persona que bajaron fue a mi esposo. Aún en ese momento él llevaba su bandera —Juan Enrique salió a protestar con una bandera cubana—. Desde que lo bajaron le dieron golpes”.
Randa comentó a América Noticias que intentaron chantajear a su esposo con su propio arresto, para que gritara Patria o Muerte y no Patria y Vida. “Nunca gritó Patria o Muerte”, precisó Dayana.
Tras casi dos semanas en prisión, la joven fue liberada pero su esposo fue uno de los enjuiciados los días 13, 14 y 15 de diciembre en procesos donde la Fiscalía coaccionó a 13 testigos que mintieron para acusar a los arrestados, denunció Randa. Fiscalía pide 12 años de prisión para Juan Enrique Pérez. El tribunal dictará sentencia el 4 de enero.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
De acuerdo con Cubalex, organización de asesoramiento legal, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
