Luis Armando Cruz Aguilera denunció al canal de YouTube La Familia Pérez, que conduce el actor Roberto San Martí, la golpiza que sufrió como escarmiento por salir a la calle el 11 de julio, día de las manifestaciones populares en Cuba.
“Nos tiraron piedras, espray y así siguieron hasta que llegamos hasta 10 de Octubre y Vía Blanca, donde estaban los camiones especializados y los perros”, comentó el joven de 21 años, quien se sumó a las protestas en el barrio de Santa Amalia, Arroyo Naranjo, y descendió por la avenida 10 de Octubre junto a cientos de personas el 11 de julio, gritando consignas antigubernamentales.
Luego de un periplo por varias unidades policiales en La Habana, Cruz terminó en la prisión de 100 y Aldabó, donde al llegar lo sometieron a un escarnio violento por su participación en las protestas.
“Ahí cuando bajabas del camión, te hacían un cordón [policial] por la derecha y otro por la izquierda y el oficial Sandy, quien era el que estaba al frente de eso ahí, era el que mandaba a que te cayeran a golpes cuando pasabas esposado. Tenías que pasar obligado por el medio de eso. Nos golpeaban con tonfas, con las botas, con todo”, dijo.
“Yo no hice nada para lo que ellos están pidiendo. Yo solo me manifesté, protesté y me subí arriba de la patrulla que volcaron en las protestas. Pero no la viré, porque ya estaba así”, precisó el joven.
La imagen de la patrulla, un Hyundai Grand i10 color blanco, totalmente volcado, recorrió el mundo los días después de las protestas, como símbolo de la ira popular contra el régimen.
Su viacrucis no terminó aquí, pues luego pasó a la prisión de Valle Grande y más tarde al Combinado del Este, donde se encuentra actualmente padeciendo complicaciones de diabetes, una enfermedad que arrastraba antes de entrar a la cárcel.
Cruz Aguilera es uno de los más de 600 cubanos que permanecen aún en prisión por manifestarse el 11J sin que se le haya hecho juicio, según Cubalex.
Cientos de ciudadanos cubanos fueron arrestados tras las protestas del 11 de julio y juzgados por tribunales sin garantías judiciales, tras las protestas sociales más grandes en la historia del socialismo cubano.
A principios de octubre, los tribunales comenzaron a emitir sentencias contra ellos. Las penas oscilan entre pocos meses y más de 20 años por ejercer el derecho de manifestación, garantizado en el artículo 56 de la Constitución de 2019.
Según Cubalex, la fiscalía de La Habana le pide 18 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición y por considerarlo parte del grupo que volcó la patrulla en la Calzada de 10 de Octubre.
