La Seguridad del Estado amenazó a la activista Saily González Velázquez, de Villa Clara, con procesarla por el delito de “desorden público” si participa en la marcha del 15 de noviembre durante un interrogatorio este martes.
González recordó a la interrogadora que la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por el grupo opositor Archipiélago, “tiene como principio el respeto al orden público y que es precisamente en contra de la violencia”.
En la publicación que compartió hoy en Twitter, la también cuentapropista mencionó que la Seguridad del Estado intenta crearle un expediente por “actividad económica ilícita” como ya lo hicieron con el artista Luis Manuel Otero Alcántara en 2017.
“Crear delitos de este tipo es muy fácil en un país donde desde que uno se levanta hasta que se acuesta está incurriendo en ilegalidades para poder sobrevivir”, recordó González.
“También aproveché la oportunidad para advertirles que a mí las citaciones hay que hacérmelas según todas las formalidades, no como esta vez”, agregó. La policía envió un documento no oficial para citarla el fin de semana.
González es dueña y administradora de un negocio en Santa Clara, provincia Villa Clara, el Café Amarillo B&B, que cerró recientemente hasta que “en Cuba sean respetados los derechos a pensar y a decir de todos”.
Uno de los métodos utilizados por la Seguridad del Estado (SE), policía política del régimen cubano, ha sido difundir su presunta implicación en actos delictivos, como la compra ilícita de alimentos para abastecer su negocio.
Como prueba la SE utilizó testimonios de trabajadores suyos en el bar, que obtuvo a través de chantaje y coacción, denunció la joven en la misma publicación de Twitter de este martes.
El martes 12 de octubre, luego de que el régimen declaró “ilícita” la Marcha Cívica por el Cambio, González calificó de “manipulaciones y mentiras” las justificaciones para rechazar la manifestación pacífica.
La proximidad de la marcha ha provocado un aumento de los arrestos, amenazas, chantajes, sanciones de cárcel y expulsiones de centros de trabajo como señales de advertencia a los miembros de Archipiélago.
Archipiélago decidió adelantarla para el 15 de noviembre a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de salir a las calles demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad de los presos políticos.
