La nueva portavoz del Departamento de Estado, Kristina Rosales, declaró este 2 de noviembre a ABC que la administración Biden hace un esfuerzo por ayudar al máximo a la sociedad civil a conseguir sus objetivos por vías pacíficas.
“Tuvimos encuentros con la diáspora y hay ideas en discusión, como dar acceso a internet y ayuda humanitaria”, precisó Rosales sobre la política a seguir por su gobierno frente a la represión desatada por el régimen cubano contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio.
La funcionaria criticó también la deriva autoritaria del gobierno nicaragüense y la persistencia en prácticas dictatoriales del régimen de Nicolás Maduro. “El pueblo de Venezuela, Nicaragua y Cuba debe elegir a sus líderes”, precisó.
“En estos años no les han dado la oportunidad de decir quiénes deben ser sus líderes. Esperamos que sea diferente; si no lo es, nos pronunciaremos”, añadió, quien resaltó que Biden ha mostrado en el G-20 que “Estados Unidos está de vuelta en el liderazgo mundial”.
La iniciativa de dar internet libre del control estatal a los cubanos fue propuesta por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien reiteró su idea este martes en la inauguración de una exposición de arte en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Biden dijo en a finales de julio que “estudiaría” la proposición de Salazar, secundada por otros políticos republicanos, pero hasta ahora sus palabras no se han traducido en hechos.
El Partido Republicano criticó fuertemente al presidente demócrata por lo que califican como una política errática y poco clara hacia el régimen cubano, cuyo colofón fueron varias declaraciones de condena y sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y un cuerpo represivo conocido en la isla como “boinas negras”.
Las protestas de julio fueron las más grandes en la historia del socialismo cubano. Decenas de localidades y un número aún impreciso de cubanos, pero que se cuenta por miles, salieron a las calles exigiendo libertad y mejores condiciones de vida.
En octubre el régimen comenzó los juicios contra los manifestantes pacíficos que aún permanecían en la cárcel. Las sanciones de Fiscalía oscilan entre varios meses y 27 años de cárcel por delitos como “instigación a delinquir”, “desacato” y “atentado”.
Un grupo de cubanos conocido como Archipiélago, surgido tras el 11J, organiza una Marcha Cívica por el Cambios para este 15 de noviembre, catalogada por La Habana como “ilegal e ilegítima”.
