José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció este viernes las amenazas de la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba de enjuiciar a quienes participen en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre próximo.
“El régimen cubano amenaza con procesar penalmente a quienes participen de la marcha del 15 de noviembre. La protesta pacífica es un derecho, no un crimen”, afirmó el abogado chileno especializado en derechos humanos.
Según, el directivo de HRW, “urge que la comunidad internacional esté alerta” sobre lo que sucede en Cuba con la manifestación del 15N.
Este 21 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) informó mediante una nota oficial que “inició el apercibimiento a varios ciudadanos que (…) incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir”, entre otros, si marchan el 15N a pesar de la negativa del régimen, transmitida el 12 de octubre a través de gobiernos municipales.
El órgano se justificó en que “la actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna (…)”.
En cambio, los promotores de la manifestación fundamentaron su convocatoria en el artículo 56 de la Constitución: “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
La iniciativa de la marcha a favor del respeto a los derechos humanos y por la liberación de los presos políticos, surgió en el grupo Archipiélago, fundado por el dramaturgo y actor Yunior García tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio.
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Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de manifestarse pacíficamente.
El jurista cubano Frank Ajete Pidorych calificó como “bullying gubernamental” las amenazas de la Fiscalía a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio.
“Esto es, cuando menos, indignante. Es un movimiento político bastante nefasto. Es un bullying en toda regla, un ejemplo de matonismo cincuentero de muy mal gusto: posicionarse a favor del gobierno y además de esa forma, citando a un ciudadano que lo único que está haciendo es intentar ejercer un derecho humano, el de la manifestación”, afirmó el exfiscal.
Portada: Arresto durante protesta pacífica del 11 de julio. Foto: AFP
