El Comité Ciudadanos Integración Racial denunció este 31 de agosto el encarcelamiento de jóvenes cubanos tras el 11 de julio, muchos de los cuales todavía esperan un juicio justo.
Según Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité, los órganos de seguridad del régimen arrestaron a decenas de personas en comunidades pobres y marginalizadas, en especial a los afrodescendientes.
“En Cuba el racismo y la discriminación racial al igual que muchos países de nuestra región continúa siendo heridas reales: una carga pesada. Vivimos en un país donde los afrodescendientes continúan anclados en el sótano de la pirámide social”, recordó el activista en el Día Internacional de los Afrodescendientes, que se celebra este martes.
La ONG Cubalex, que da asesoramiento legal a opositores y sus familiares, calificó estos arrestos como desapariciones forzadas, de acuerdo con el derecho internacional y las normas de Naciones Unidas.
Según Amnistía Internacional, una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de por el Estado, grupos organizados o individuos cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno.
Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. La persona desaparecida queda sin amparo legal, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección.
Las desapariciones forzadas constituyen violaciones acumulativas de derechos humanos, pues implican más de un agravio a la persona y sus familiares, como contravenciones del derecho a la vida, a un juicio justo y a la personalidad jurídica.
Sobre este asunto, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, criticó la postura de medios con sede en la isla y voceros del Gobierno, que negaron la responsabilidad del Estado en los arrestos.
Los agentes del Ministerio del Interior (Minint) “vienen cometiendo delitos de desaparición forzada antes y después del 11J”, afirmó Diversent en respuesta a la doctora en Ciencias Jurídicas, Mayda Goite, sobre sus declaraciones a la revista Alma Mater.
Goite aseguró “de manera categórica” a la publicación que edita la oficialista Editora Abril que “no es correcto decir que una persona está desaparecida si no se ha interpuesto ante el tribunal un habeas corpus. Afirmarlo es una burda manipulación de la realidad jurídica de Cuba”.
La fundadora de Cubalex explicó que entre los elementos para considerar a una víctima de desaparición forzada está la “privación de la libertad”, la “intervención directa de agentes estatales u otros con su consentimiento y protección” y la “negativa de reconocer la detención y/o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada”.
Los agentes del Ministerio del Interior (Minint) “vienen cometiendo delitos de desaparición forzada antes y después del 11J”, afirmó Diversent.
