La organización Transparencia Electoral organizó para el próximo viernes 27 de agosto el conversatorio “Las mujeres del 11J”, donde varias cubanas expondrán sobre la presencia de las mujeres en las protestas gubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba.
Esta iniciativa, de la que también forman parte el proyecto Demo Amlat y el Observatorio de Mujeres y Política, acogerá a las 2:00 p.m. de Cuba a las periodistas Camila Acosta, María Matienzo, a las activistas Marthadela Tamayo y Sara Cuba; y a la abogada Laritza Diversent, fundadora y directora de la organización sin fines de lucro Cubalex.
A las cubanas se unirá Mónica Banegas, Directora de Haciendo Ecuador y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Ecuador.
Según un listado difundido por Cubalex unos 865 cubanos han sido detenidos en el contexto de las protestas o luego de ellas. De esa cifra total 168 son mujeres, de ellas ocho han sido enjuiciadas en procesos exprés sin representación legal; siete están bajo medida cautelar con fianza, seis bajo medida cautelar con prisión provisional, seis con medida cautelar de prisión domiciliaria y cinco fueron multadas.
El domingo 11 de julio más de 60 comunidades cubanas salieron a las calles exigiendo mejoras economicas y sociales y un cambio de régimen en la isla. La primera de las protestas ocurrió en San Antonio de los Baños en Artemisa; y su transmisión en vivo por Facebook impulsó el inicio de otras manifestaciones.
El gobierno cubano desplegó las fuerzas antomotines y a la policía con el fin de reprimir el levantamiento.
Transparencia Electoral presentó recientemente una carta en apoyo a las cubanas tras el estallido social del 11 de julio. A continuación, ADN Cuba, reproduce el contenido de la misiva:
CARTA EN SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES CUBANAS
El avance en materia de derechos de las mujeres es notorio en la región latinoamericana, sin embargo, Cuba, donde la retórica igualitaria no se corresponde con nada fuera del discurso que la enuncia y donde la conformación paritaria de su Asamblea Nacional es pura apariencia sin sustento en un proceso electivo real, libre e íntegro, tampoco cuenta siquiera con una Ley Integral en Contra de la Violencia de Género.
Las mujeres se encuentran desprotegidas al momento de denunciar abusos, violaciones y cualquier tipo de violencia por razón de género sobre ellas. En el caso de las mujeres que expresan una posición crítica con respecto al régimen de gobierno, la situación es aún peor.
Ya en su Informe Anual del año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que en Cuba “el Estado no cuenta con datos consolidados, actualizados y debidamente desagregados producidos por instituciones estatales que permitan realizar un análisis comprehensivo del fenómeno de la violencia de género contra la mujer en el país”. Además, en dicho informe se constata que “la CIDH tiene conocimiento de que el personal encargado de la administración de justicia no contaría con formación específica para acompañar a las sobrevivientes a procesar sus denuncias sin someterlas a un proceso de revictimización”. Y además preocupa que la información recogida prueba “que agentes de la policía nacional han cometido delitos de violencia contra las mujeres, que van desde persecución política hasta el acoso callejero hasta abuso sexual”.
Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, decenas de mujeres han sido detenidas por la Seguridad del Estado por haber manifestado pacíficamente. Algunas de ellas han declarado haberse visto vulneradas física y psicológicamente por las fuerzas de seguridad durante sus detenciones. Otras, como en el caso de la periodista Luz Escobar, fueron sitiadas en sus domicilios, concentrándose operativos de vigilancia constante que les impiden salir bajo la amenaza de que serían detenidas. En recientes declaraciones, mujeres han denunciado que la policía cubana las amenaza con detener a sus hijos si ellas salen a manifestarse.
Decenas de mujeres se han convocado bajo el nombre “Movimiento Madres del 11J”, son familiares de detenidos, heridos, fallecidos y desaparecidos durante las manifestaciones. Ellas reclaman justicia para sus esposos, hermanos e hijos. También piden información sobre los casos en los que el paradero es desconocido o su situación no es informada.
En el caso de las mujeres trans, al no contar con todas las protecciones legales que garanticen y respeten su género autopercibido, el sistema policial y carcelario no sabe qué hacer con ellas. Las violentan en su identidad al recluirlas en pabellones de hombres y en su derecho a la libertad de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de personas privadas de libertad o de carceleros.
Instamos al gobierno cubano a cesar los actos de violencia de género que se producen desde el Estado en contra de las mujeres en la isla, a aplicar lo contenido en los instrumentos e iniciativas internacionales de los cuales es firmante –entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, entre otros- y a incorporar en su legislación de manera urgente una Ley Integral en Contra de la Violencia de Género
