El miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Pablo Moya Delá, se encuentra con la salud afectada luego de semanas en huelga de hambre, según denunció en redes sociales la opositora Ana Belkis Ferrer.
De acuerdo con Ferrer, el activista de 65 años lleva un tiempo en una sala del hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, debido al agravamiento de su salud, pero esta medida es solo por seis meses; y permaneció unos 40 días en huelga en prisión.
Hasta el momento no se ha podido confirmar si continúa en huelga.
El también promotor de Cuba Decide fue detenido en septiembre de 2020 y cortaron así una protesta que protagonizara pacíficamente, en la que exigía el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales de insumos de primera necesidad.
A Moya Delá lo mantuvieron varios días recluido en la Oncena Unidad de San Miguel, y luego lo trasladaron en huelga de hambre y en calidad de 'ilegal', hacia Santiago de Cuba.
El anciano ha realizado su activismo pacífico sobre todo en la capital, donde residía desde hace algunos años con su esposa.
A finales de diciembre anterior fue trasladado al centro penitenciario Boniato, la prisión de mayor severidad en Santiago de Cuba.
Según publicó el medio Cubanet, la decisión supuestamente tuvo que ver con la salud del opositor.
Daineris Moya, hijo del prisionero, declaró que su padre es hipertenso y cardiópata, por lo que hace meses comenzó a presentar dificultades de movilidad y unas manchas negras en las manos.
"En más de una ocasión me negaron pasarle medicamentos; otras veces retrasaron la entrada con vanos pretextos e incluso le han negado asistencia médica", denunció a ese medio.
Este hombre es un cuentapropista lleva años denunciando sus problemas y los de muchos emprendedores en Cuba.
Durante una entrevista con ADN Cuba en julio de 2020, opinó que el gobierno cubano no quiere que sus ciudadanos prosperen.
"Ellos (gobierno) no quieren que haya desarrollo económico en el individuo", expresó entonces a la revista.
La ONG Prisoners Defenders reporta más de 150 presos políticos en la Isla, una cifra que está en constante aumento tras las protestas populares del 11 de julio.
