Cuba es una isla de mujeres desprotegidas institucionalmente. La violencia doméstica ha escalado con la pandemia del coronavirus; mientras que el régimen sigue postergando la construcción de refugios para las víctimas y sus hijos.
El 21 de noviembre de 2019 un grupo de feministas cubanas presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la solicitud de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Esperar hasta 2028, año en el que están agendadas las disposiciones jurídicas a aprobar por la ANPP, no es una alternativa para las mujeres que hoy son abusadas y pueden morir en manos de sus agresores.
Sin apoyo gubernamental la concreción de estos hogares temporales, para proteger a las mujeres agredidas y que puedan reintegrarse a la sociedad, es imposible; pero el Estado ha sido indolente e ineficaz diseñando políticas públicas para este fin.
Cuba, una isla donde la Ley no protege a las mujeres
Con solo 18 años, Jennifer fue golpeada por quien sería su novio durante casi dos años. También dejó la universidad y cada noche le sirvió, llena de miedo, la comida al agresor, y rezó para que no lanzara el plato al suelo, para que no la golpeara por simplemente respirar.
No tenía a dónde regresar. En su hogar la esperaba una madre igualmente abusiva. Desconocía cómo salir del ciclo de violencia y al control coercitivo al que la sometía su pareja para infundirle miedo.
En 2017, mientras Jennifer era agredida, no existían, en Cuba, refugios temporales para mujeres en situaciones de violencia machista. Hoy, en 2021, tampoco los hay y el gobierno no hace nada para concretarlos ni proteger a las víctimas.
Al cierre de 2020 se reportaban en Cuba 28 feminicidios. En lo que va de año la cifra es de 16 y se contabilizan más de 100 agresiones por cuestiones de género. Estas estadísticas, que no aparecen en la prensa oficial, pertenecen al trabajo de la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, La Red Femenina de Cuba, y a activistas feministas que visibilizan el problema.
Sin embargo, un informe de agresiones en 2020 de la Red Femenina de Cuba, al que ADN Cuba tuvo acceso, solo contabiliza tres casos de violencia doméstica ese año.
En vista de un número tan pequeño en una sociedad donde el maltrato a la mujer no solo es común, sino acatado desde la complicidad, cabe la interrogante: ¿Por qué las cubanas no denuncian la violencia doméstica de la que son víctimas?
“Yo nunca lo denuncié con la policía porque su mamá, que estaba fuera de Cuba, se enteró de todo por los vecinos, me dijo que no le jodiera el futuro, que él tenía que irse. [Su madre] me dijo que, si lo quería, tenía que aguantar, que su padre era igualito, pero cambió. Que tenía que entenderlo, que no podía buscarle un problema con la policía y que ya el barrio se había enterado” cuenta Jennifer, quien ahora tiene 21 años.
Las víctimas de violencia de género tardan varios años en denunciar a sus agresores, muchas ni siquiera lo intentan; pero, ¿Por qué sucede esto?
El principio de la “indefensión aprendida” de Martin Seligman explica que las víctimas aprenden que las situaciones de violencia que experimentan no pueden ser cambiadas y comienzan a vivir con miedo.
Así se genera un ciclo de violencia de tres fases secuenciales, conocido como el Ciclo de la violencia de Walker, descrito por la psicóloga estadounidense Lenore Walker.
En España, donde existen desde 2004 una Ley contra la Violencia de Género y estructuras diseñadas para la protección a las víctimas, las mujeres demoran hasta ocho años en denunciar, y en la mayoría de los casos, no lo hacen.
En un contexto como el cubano, donde la violencia doméstica ni siquiera está tipificada como un delito en el Código Penal, denunciar casi nunca es la primera opción. El miedo y el desaliento pueden más.
Las estadísticas recogidas por la Encuesta Nacional de Igualdad de Género del 2016 señalan que el 26,7 por ciento de las mujeres con edades comprendidas entre 15 y 74 años experimentaron algún tipo de violencia por parte de sus parejas durante los 12 meses anteriores a la investigación estatal. El 22,6 por ciento de las encuestadas dijo haber sido víctima en otros momentos.
Para la feminista y periodista cubana Marta María Ramírez, esto sucede porque “Aquí no existen estructuras y tus propias redes establecen que 'te lo buscaste y lo mereces, no te portas bien, hazlo por tus hijos, quédate en casa porque no tienes para donde ir'.
Gran parte de la violencia contra nosotras se establece desde la violencia económica, a pesar de que tenemos igualdad de derechos, algo que el machismo imperante impide que se convierta en realidad.
La policía no te hace caso cuando denuncias, las estructuras no funcionan, lo cual te sirve de lección. Si tú ves que tu amiga denunció, o una colega en redes, y no las tomaron en cuenta, eso se va quedando ahí en el imaginario y entonces no denuncias”.
La experiencia de Elizabeth Valdés Luis, quien hoy es activista de la Red Femenina, evidencia como la Policía Nacional Revolucionaria desestima la mayoría de las denuncias:
“Lo denuncié la primera vez y estuvo retenido tres días en la estación de policía del municipio de Batabanó donde vivía.
Pensé que esa historia había acabado ahí, que lo meterían preso, lo investigarían, que me irían a ver para tomar declaraciones, y nada de eso ocurrió. Regresó a los tres días con más violencia y reclamándome que lo había entregado”, narró.
En otra ocasión, una mujer policía le informó a Elizabeth que, si volvía a denunciar, ella sería la acusada.
Al no existir una voluntad política palpable en este sentido, las víctimas pueden valerse de otras figuras delictivas presentes en el Código Penal para intentar mantener a distancia a sus opresores, pero ninguna es efectiva, de acuerdo a la abogada Laritza Diversent.
La directora de Cubalex señala que la violencia de género debe tipificarse en la legislación cubana como un delito, y el acoso también, puesto que actualmente este último es estimado como una conducta peligrosa solamente.
“El Estado actúa negligentemente al considerar que estos problemas son maritales y se resuelven en el seno de la pareja. De las figuras a emplearse del Código Penal están las actas de advertencia que no son órdenes a alejamiento, pues estas no existen en Cuba.
En Cuba se emplea el estado peligroso para casos de conducta social y el acoso y la agresión por género son delitos. Según la ley se procesa a una persona luego de tres actas por estado peligroso, pero así la mujer puede morir a manos del victimario por tanta morosidad estatal.
Las mujeres están desprotegidas y no hay formación en los jueces y en los fiscales y policías, que son los primeros que deberían estar formados y capacitados en este tema. Si los que aplican la ley no conocen nada sobre materia de género, no pueden operar correctamente en estos casos. En cuanto a la violencia contra las mujeres, no solo se necesitan medidas legislativas sino políticas públicas, como crear refugios”, dijo en conversación con ADN Cuba.
¿Qué refugios queremos?
Elizabeth descubrió, con 31 años, qué era caer en el suelo y perder el conocimiento luego de una golpiza. Su ex pareja le hacía jirones la ropa en el cuerpo, la arrastraba desnuda por el campo, la vendió a tres hombres para que la violaran, la perseguía por todos los municipios donde vivió en La Habana. Así durante cuatro años.
“Yo deseaba mucho que en aquel momento hubiera existido un lugar, un refugio donde pudiera sentirme segura, recibir atención psicológica, donde me hubieran apoyado y me brindaran soluciones para lo que vivía, pero nunca lo encontré”, expresó.
En Cuba, las herramientas estatales que una mujer puede emplear no han demostrado ser eficientes a la hora de enfrentar situaciones de violencia de género. La Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016 expresa que solamente un 3,7 por ciento de las mujeres víctimas de violencia encuestadas solicitó ayuda a instancias estatales.
Datos recogidos en 2020 por Periodismo de Barrio argumentan que la red institucional, para ayudar a las mujeres a salir de esta espiral de violencia, está integrada por 174 Casas de Atención a la Mujer y la Familia, que pretenden apoyar a las víctimas; los Servicios de Orientación Jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y un gabinete jurídico en Cienfuegos, que opera localmente y se especializa en violencia contra las mujeres.
La llegada del coronavirus a la isla en marzo del 2020 y el aislamiento obligatorio para contener la pandemia, propiciaron que las victimas estuvieran expuestas más tiempo a sus victimarios. A pesar de esto el régimen cubano esperó hasta el 21 de julio para anunciar en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana el surgimiento de una “guía para atender denuncias telefónicas sobre violencia de género e intrafamiliar en Cuba”.
En octubre de 2021 un texto de Cubadebate anunciaba la habilitación de la línea telefónica 103 para brindar orientación y apoyo psicológico en casos de violencia de género.
A su vez, la sociedad civil impulsa otras propuestas, que a veces resultan igualmente desconocidas, como son:
La Consejería para Mujeres en Situaciones de Violencia del Centro Oscar Arnulfo Romero, en La Habana.
La consejería del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en Cárdenas, Matanzas.
La plataforma digital YoSíTeCreo en Cuba cuenta con un equipo de activistas y especialistas en violencia de género. La plataforma creó en marzo del 2020 una línea telefónica de urgencia, a través del teléfono +53 55818918, para estos casos donde las mujeres reciben “consejería psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento”.
La Red Femenina de Cuba, cuyo número de contacto es +34 639338982, también labora a través de más de 40 activistas y promueve la igualdad de género y el cese de la violencia contra la mujer.
Ante la desidia estatal, estos proyectos se enfrentan a barreras inusitadas; no solo combaten la violencia, sino un gobierno machista que no apoya a la sociedad civil en estos esfuerzos.
En contraste con los hechos, el Estado cubano ha ratificado varios de los ejemplos que integran el marco normativo internacional, que aboga por la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 1981 y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995.
Para Elena Larrinaga, presidenta ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, la creación de refugios “supondría la evidencia de una gran contradicción, pues La Habana ha negado por años que exista violencia intrafamiliar”.
ADN Cuba recibió declaraciones de YoSíTeCreo en Cuba que sustentan lo anterior:
“Creemos que la causa es que las autoridades cubanas se han negado por décadas a reconocer el problema de la violencia machista en el país. Existen recomendaciones de que se creen refugios en los diferentes informes emitidos a Cuba por parte de la CEDAW”.
En otros países existen alternativas para proteger a estas mujeres, que en ocasiones parten del trabajo de organizaciones sin fines de lucro o colectivos de mujeres que se unen para este fin; mientras que en Cuba, YoSíTeCreo solo ha identificado refugios solidarios por parte de familiares y amigos de las víctimas.
Las experiencias de otras naciones indican que los centros de acogida temporales son eficientes para el rescate de las víctimas y sus criaturas cuando esas no tienen una red de amigos o familiares que las acojan.
Los refugios son el espacio para que se recuperen y encuentren atención diferenciada que les permita restituir sus derechos como ciudadanas. Estos sitios son imprescindibles para lograr el empoderamiento, la autonomía de las víctimas y evitar los feminicidios; pero esto no sucederá si no están protegidas policialmente y amparadas por la ley.
La participación gubernamental es, entonces, fundamental, pues, aunque la sociedad civil se organizara y le fuera posible crear refugios, es preciso que el Estado respalde con protección policial esos lugares, ya que los servicios de seguridad y protección en Cuba no pueden ser privados.
“Muchos casos de feminicidios en Cuba son de mujeres que salieron del cerco de la violencia e incluso rehicieron su vida. Muchas vidas se pudieron haber salvado, vidas de mujeres libres de la violencia, si hubiera existido la voluntad de hacerlo. Nosotras, como representantes de la sociedad civil, podemos hacerlo, crear crowdfundings y comprar casas, tenemos gente de sororidades, podríamos tener psicólogos, abogados, un andamiaje para lograr rescatarlas; pero si la policía, que es machista, no está instrumentada para proteger ese espacio, es imposible”, resalta Ramírez.
Los hogares de acogida temporal son diferentes, dependiendo del país y de los medios al alcance de quienes los gestionan, pero deben ser sitios de paz.
“Si vamos a soñar, pues, lo queremos todo” dice Ramírez.
Para ella los refugios deben tener espacios para que jueguen las criaturas, para reuniones y terapias grupales entre las mujeres y salones para acompañamiento psicológico y legal con especialistas.
“Los sitios para sus hijos son importante para que ellas puedan repararse, porque a toda esa violencia física y psicológica se suman las cargas y responsabilidades del cuidado de todo el mundo en el hogar… son mujeres muy agitadas también por la sobrecarga.
"Se necesita atender las necesidades básicas de estas mujeres. Requieren atención, desde una perspectiva de género, de médicos generales, hasta psiquiatras y trabajadores sociales, un andamiaje que es difícil de garantizar si el ejercicio por cuenta propia de esas actividades es ilegal. El voluntariado no lo resuelve, las casas de orientación han demostrado que no funciona”.
Ni Jennifer ni Elizabeth recibieron atención psicológica mientras atravesaban situaciones de violencia intrafamiliar. Elizabeth recurrió por su cuenta a un psicólogo, pero decidió abandonar las consultas porque luego de cada sesión se sentía más dañada. Luego de ocho años de la experiencia de abuso, presenta problemas de concentración y pesadillas.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2021 revela que el abuso puede tener diferentes repercusiones en la salud de una mujer maltratada, como traumatismos, depresión, trastornos de ansiedad, autolesiones y suicidios, entre otros.
Elena Larrinaga, de Red Femenina de Cuba, cree que “El primer paso es una evaluación psicológica. Sin obviar la relevancia del tratamiento directo de los síntomas de la mujer maltratada, es necesaria una aproximación integral que tenga en cuenta, además del contexto social y cultural, los factores que median la respuesta de la mujer ante el abuso. Es un planteamiento que, centrado en el desarrollo de las potencialidades de la mujer, tiene como meta final el ayudarle a que recupere el control de su propia vida”.
Al parecer las denuncias y presiones ejercidas por las plataformas y activistas feministas incidieron en la aprobación de un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres el 12 de noviembre último por parte del Consejo de Ministros de Cuba.
Su publicación se hizo efectiva el pasado 8 de marzo bajo el Decreto presidencial 198/2021 (GOC 2021-215 EX14). Aunque abarca siete áreas y define acciones a realizar en cada una de ellas, el citado documento no menciona la necesidad de crear refugios para las víctimas.
Todo no se circunscribe a la existencia de los hogares de acogida temporales. Si existiesen, su propio nombre indica que no serán permanentes, la estadía depende de las necesidades de la víctima, con miras a que se reinserte en la sociedad y para que, una vez dentro, no se sienta acosada o agredida nuevamente por su victimario o desprotegida porque no tiene a dónde ir.
Las víctimas no podrán volver a la vida pública si la violencia de género no figura como un delito en la legislación cubana, si los actores encargados de ejercer justicia no entienden la magnitud del fenómeno, si no se aplican políticas públicas que las protejan, también desde el punto de vista económico.
Ante esto Larrinaga opina que:
“El no tener tipificado como delito la violencia de género tiene dos connotaciones muy peligrosas. Por un lado, se envía un mensaje de impunidad a los agresores, y por el otro, la ley parece dar la espalda a las víctimas. Con esta percepción es muy difícil que una mujer maltratada se sienta segura.
La violencia de género es un problema estructural. A nivel social, la violencia del hombre contra la mujer es una manifestación de la desigualdad de género y un mecanismo de subordinación de las mujeres.
Muchos autores la sitúan dentro del contexto más amplio de la dominación masculina, ya que la estructura económica y familiar es jerárquica y está dominada por el hombre, lo que implica una distribución desigual del poder. Desigualdad que impregna la construcción social del género y la sexualidad y que afecta profundamente a las relaciones íntimas de mujeres y hombres, por lo que, para comprender la violencia de los hombres frente a las mujeres, es necesario analizar las desigualdades entre ambos”.
