El opositor cubano José Daniel Ferrer denunció este 11 de mayo que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una de las organizaciones que reciben dinero de la Unión Europea, participa en actos de repudio contra disidentes.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien ha sufrido este tipo de acciones del régimen, mencionó también a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), como otra de las entidades que reciben dinero extranjero y contribuyen a la represión contra opositores.
Ferrer compartió imágenes grabadas por miembros de UNPACU en las cuales se ve una de las acciones que llevan acabo afiliados a estas organizaciones: rociado de sustancias tóxicas, sobre la casa de unos activistas, para borrar un letrero con la palabra “cambio”.
El documento “Cooperación Unión Europea-Cuba: Contribuyendo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, publicado por la Delegación de la UE en Cuba, indica que la cifra sobrepasa los tres millones de dólares.
En particular, la Unión Europea tiene una partida presupuestaria concreta llamada “Programa Temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales” de la Comisión Europea, y PD ha analizado montos de ascienden a 2 717 000 euros.
“El problema surge cuando la Unión Europea dispone de la definición oficial de sociedad civil”, agrega Prisoners Defenders.
Una de las iniciativas que beneficia al régimen de la Isla es el proyecto “Redes Irma”, con un monto de 1 972 000 de euros, destinado a supuestas organizaciones de la sociedad civil, que al final son oficialistas: FMC, ANAP, Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales y Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental.
Asimismo, fuentes del régimen de La Habana confirmaron a la ONG que los fondos son sustraídos del presupuesto de las organizaciones beneficiarias eliminando otros costes, yendo el efecto neto de las divisas a las arcas del gobierno cubano.
Esta acción podría conllevar a un presunto delito penal de fraude por malversación de caudal público.
Activistas y opositores han criticado la revelación de estos datos, pues la delegación de la UE en Cuba mantiene distancia frente a la sociedad civil independiente y busca el entendimiento con el gobierno cubano.
