El Gobierno de Joe Biden aseguró el lunes que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está conduciendo a su país "hacia la dictadura", al rechazar la suspensión de operaciones a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y del capítulo local de la organización de escritores PEN Internacional.
Para el Dr. Mateo Jarquín, profesor universitario en Chapman College, e investigador sobre las relaciones entre EEUU y América Latina, el mensaje demuestra que no hay “duda en la Administración de Biden, ni en Washington, de la naturaleza autoritaria del Gobierno de Nicaragua”.
En una entrevista con el programa Esta Noche, Jarquín señaló que, pese al cambio de Administración en Estados Unidos, “el apoyo dentro del brazo legislativo del Gobierno a una política de sanciones a Nicaragua es bipartidista y total”.
"Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua", señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
"Las acciones del régimen bajo la llamada 'Ley de Agentes Extranjeros' -continuó el portavoz- forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión: el capítulo nicaragüense de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro".
La Ley Reguladora de Agentes Extranjeros fue aprobada el 15 de octubre pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento).
Conocida en Nicaragua como "Ley Putin" por los opositores, la norma establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna", un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación de las autoridades.
Asimismo, clasifica como "agente extranjero" a las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otra nacionalidad "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua", según el texto.
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La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que lleva el nombre de la presidenta que gobernó Nicaragua de 1990 a 1997, anunció el pasado viernes el cierre de operaciones como consecuencia de la polémica ley que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
Además de la fundación, han cerrado operaciones por esa ley la ONG sueca We Effect, que apoyaba a campesinos pobres desde hace 35 años, y el capítulo Nicaragua de la organización de escritores PEN Internacional, presidida por la escritora Gioconda Belli.
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"Estos hechos asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres y justas en noviembre. Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura", advirtió el Departamento de Estado.
Además, afirmó Price "esto aislará aún más a su régimen de la comunidad mundial".
"La Administración (del presidente estadounidense, Joe) Biden está comprometida a apoyar al pueblo nicaragüense y su demanda de democracia", agregó el portavoz, que instó a Ortega "a cambiar de rumbo ahora".
