La tan llevada y traída noticia de darle baja de la libreta de abastecimiento a los emigrados ya es una realidad en Cuba.
Al respecto ya se pronuncia el régimen en su medio de propaganda predilecto. Granma explica que la Resolución 78/91 del Ministerio del Comercio Interior indica “la obligación del jefe de núcleo familiar de dar baja a toda persona inscrita en su libreta por motivos de fallecimiento, estar recluida en centros penitenciarios, hogar de ancianos o instituciones hospitalarias por más de 3 meses, o que haya salido del territorio nacional por más de 90 días o de forma permanente”.
La actualización en las Oficinas del Registro de los Consumidores (Oficoda) han generado largas colas para realizar el trámite, en el peor momento de la crisis sanitaria en Cuba por la pandemia del coronavirus.
El medio castrista señala que hasta la fecha el tener reclusos, fallecidos y emigrados en la libreta es una ilegalidad y al parecer, el régimen escogió el 2021 para frenarla.
La inquietud de muchos cubanos ante la noticia versa sobre las supuestas multas de hasta cinco mil pesos por incurrir en esta irregularidad. Ciertamente las familias cubanas no reportaban las bajas porque la canasta normada no alcanzaba.
En las redes circula la foto de un cartel colgado en una bodega. En él se anuncia que los “fallecidos, reclusos y personas que estén en la libreta de abastecimiento y se encuentren fuera del país deben presentarse en Oficoda”. De no hacerlo el aviso dice que serán multados.
Granma agrega que las multas responden a la especulación y no son ciertas. ¿Qué está ocurriendo entonces en Oficoda? Según el diario comunista “tramitar la actualización de ese registro que se hace para principio de año, la «bola» ha ido creciendo y ha hecho más larga la fila de personas en dichas oficinas para hacer una gestión que es, ante todo, una obligación ciudadana”.
La dictadura cierra cada vez más el círculo e impone estas medidas de descontento social cuando la escasez de alimentos en Cuba acecha a la mayoría de las familias.
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La periodista argumenta que esta disposición fue un “reclamo de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se revisaran los procedimientos en las Oficodas, pues no eran pocas las quejas y denuncias sobre personas emigradas o fallecidas, que seguían recibiendo sus «mandados», muchas veces una violación a la vista de todos”.
Lo cierto es que es poco probable que un exiliado cubano, y ni hablar de los muertos, venga a la isla a darse baja o continuar en la cartilla de racionamiento; más cuando lo precios actuales de sus productos se han disparado y siguen siendo escasos y de mala calidad.
