Más de 250 de personas han muerto este año en Colombia en masacres o como víctimas de asesinatos selectivos, ejercida por grupos criminales y otros elementos armados en contra de líderes sociales y exguerrilleros, según denunció este martes la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
"En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país", según la información que ha podido ser verificada.
La representación en Colombia del organismo que dirige Bachelet también tiene información sobre el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos solo este año.
A esas cifras se agregan los 244 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, de acuerdo a datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
La Oficina de Bachelet no precisó cuántas de estas últimas muertes corresponden a 2020.
"Los números que mencionamos son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos", dijo en Ginebra la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.
"Pido a las autoridades colombianas que tomen medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia", declaró Bachelet a través en un comunicado.
La ONU cree que después de décadas de conflicto interno y, a pesar del acuerdo de paz, la violencia "se ha normalizado" en Colombia.
Hurtado explicó que las áreas afectadas por esta oleada de asesinatos son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado.
"No hay seguridad, no hay policía, ni presencia del gobierno en términos de servicios públicos, con falta de colegios y de centros de salud. Por ello pedimos al gobierno que despliegue plenamente su presencia en esas áreas", continuó la portavoz.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en el periodo de confinamiento declarado en Colombia por la pandemia, la amenaza para los líderes sociales ha sido todavía mayor porque al no poder salir de sus casas los asesinos sabían exactamente dónde encontrarlos.
Bachelet dijo que ahora "es deber del Estado estar presente en todo el país", no solo para actuar contra los responsables de la violencia, sino también para garantizar los servicios esenciales y la protección de la población.
La ONU ha puesto de relieve que la comunidad indígena nasa ha sido una de las más afectadas este año con el asesinato de 66 de sus miembros en la región del Norte del Cauca.
El incidente más reciente ocurrió el pasado día 5, cuando se reportó el asesinato de cinco personas -incluido un ex combatiente de las FARC en proceso de reintegración- en esa región en dos hechos diferentes.
Ese mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo nasa recibieron amenazas de muerte, según la Oficina de Bachelet.
Dos días antes, un líder indígena, Miguel Tapi Rito, fue asesinado en el departamento del Chocó. El hecho provocó la huida de 900 personas de su comunidad (mujeres, niños y niñas en su mayoría) a un pueblo cercano.
CUATRO AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ
La semana pasada se cumplieron cuatro años desde que entró en vigencia el acuerdo de La Habana, el cual ha sido cuestionable por gran parte de la población colombiana y ha tenido muchos obstáculos, en especial en temas de seguridad. Hay 13 mil exintegrantes de las Farc que se mantienen comprometidos con el desarme y el proceso de desmovilización, según el último reporte trimestral de Naciones Unidas.
Para el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, el acuerdo de paz ha tenido logros significativos que no se deben olvidar para seguir avanzando en la implementación.
Entre los que destacó como el cese del fuego, el desarme, la transformación de Farc en un partido político que ha propuesto iniciativas, participando e incluso organizado debates en el Congreso, haciendo política en lugar de combatir contra el Estado.
Todas altamente cuestionables debido al aumento de la violencia en Colombia. Y un partido político que sus mayores logros se han concentrado en alcanzar una presidencia dentro del Congreso de la República, pero sin mayores relevancia en materia de políticas públicas.
Con respecto a la Jurisdicción Especializada para la Paz (JEP), una Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, el funcionario de la ONU sobresaltó la apertura de los siete macrocasos, con la atención a más de 300.000 víctimas, con la recepción de más de 300 informes de las mismas; y se espera que comiencen a dictar sanciones para el próximo año.
La Comisión de la Verdad, con los diferentes eventos de diálogos para la reconciliación que han involucrado a distintos actores, y que son muy importantes porque uno de los elementos más relevantes del acuerdo es que las víctimas están en el centro. “Desde Naciones Unidas tenemos la necesidad de seguir acompañando al Sistema y de verificar que sigamos avanzando hacia la reparación de las víctimas y a la reconciliación”, dijo Ruiz Massieu.
(Con información de EFE)
