Según una nota del Grupo Jurídico del Consejo de Defensa Provincial de Pinar del Río difundida este 4 de septiembre por el diario estatal Guerrillero, llevaron a juicio a un ciudadano de ese territorio por vender desodorantes en la calle.
"Como parte del enfrentamiento a coleros y revendedores de productos, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron el pasado tres de agosto, en la vía pública de la cabecera provincial, al ciudadano Andy Maikel Fontes Pérez, quien revendía al precio de ocho pesos cubanos convertibles (CUC), desodorantes y tubos de pasta dental marca Colgate", precisa la nota.
El juicio, solicitado por la Fiscalía según el procedimiento sumario, se celebró de forma oral y pública, y el Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río sancionó al acusado "por el delito de Actividades Económicas Ilícitas, al pago de una multa de 200 cuotas, de cuatro pesos cada una y el comiso de los productos ocupados".
La nota señala, como si la represión fuera algo normal, que "con el mismo propósito, efectivos del Ministerio del Interior (Minint), garantizan diariamente el orden público en las calles, por lo que el 10 de agosto concurrieron a velar por la organización de una cola en un centro de comercio de la comunidad Hermanos Saíz, en el municipio San Juan y Martínez, donde la ciudadana Naimey Pérez Hernández ofendió públicamente con palabras obscenas, a un oficial de la PNR que allí desempeñaba sus funciones".
Esta situación terminó en el Tribunal Municipal Popular de San Juan y Martínez, en juicio oral, donde Naimey Pérez fue sancionada por el delito de Desacato, a un año de privación de libertad subsidiado por trabajo correccional sin internamiento, y una multa de 300 cuotas, de dos pesos cada una.
En su nota el Grupo Jurídico del Consejo de Defensa Provincial de Pinar, destaca que en ambos procesos la sentencia ya es firme, "habiéndose cumplido todas las garantías procesales, dentro de las cuales estuvo para cada uno, el derecho a designar abogado defensor e impugnar la sentencia".
Lo que no dice la nota, es que este caso, como el de muchos otros cubanos en los último meses, es la medida del descontento que reina en la población, la cual ya está cansada del abuso de poder por parte de los funcionarios del orden público, los cuales en teoría están para servir al pueblo, pero en la práctica, solo responden a los intereses del régimen.