Raidel tiene 43 años. Vive con su esposa y su hijo en una pequeña casa ubicada en el centro histórico de la ciudad de Matanzas. Su vivienda está en mal estado y es de conocimiento del gobierno municipal, cuyas autoridades se niegan a otorgarle un subsidio pese a que cada lluvia implica una amenaza de derrumbe.
Con la ayuda de su cuñado, intenta reforzar el endeble techo y crear una zona segura dentro de la casa, pero los materiales de construcción cada vez están más caros en el mercado negro y en los rastros estatales nunca hay, “porque se lo apropian los malandros y los dirigentes de la provincia”, explica.
Manuela también vive en la Atenas de Cuba. Tras solucionar los problemas de filtración de su casa, está enfrascada en reparar el baño. Sin embargo, la obra está detenida por falta de losas y azulejos.
“Gracias al presidente Miguel Díaz-Canel y a los directivos del país, ahora esos materiales los venden únicamente en dólares en los almacenes de Bellotex. Cada metro cuadrado de losa cuesta 14 USD. Imposible para mí, pues ni cobro en esa moneda ni tengo ningún familiar en el exterior”.
A 100 kilómetros de la ciudad yumurina Jorge vive los mismos problemas para hallar los materiales, pese a que dirige en La Habana una cooperativa de mantenimiento y construcción. “Como no tengo divisas, debo comprar a 26 cuc el metro cuadrado de losas con los revendedores. Y el cemento, lo consigo a sobreprecio en los rastros”.
Otros ciudadanos como Danilo sufren desde otras aristas sociales la incapacidad productiva y administrativa del Gobierno, así como las privaciones y trabas que impone.
Para él la tecnología es fundamental, pues estudia cuarto año de Automática y se especializa en el área de desarrollo de software y aplicaciones móviles. Desde hace una semana, anda desconectado del mundo virtual porque se le rompió su teléfono.
“Necesito comprarme uno aunque no sea tan potente, pero los precios se han multiplicado en el mercado informal producto del cierre de la frontera aérea por la pandemia y la falta de ofertas competentes por parte del Estado".
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“En otras cuestiones no sé decirte, pero en esto sí que tiene la culpa el Gobierno que no ha sabido o no le interesa negociar con compañías extranjeras la venta en el país de productos tecnológicos a precios razonables. Aquí las tiendas no ofrecen lo que buscan las personas, y lo poco que tienen lo venden a precios desorbitantes”.
Y tiene razón Danilo. Un teléfono de gama media como el Samsung Galaxy J7 (2016) se comercia en las tiendas de Etecsa por alrededor de 275 cuc, lo que significa más de 17 veces el salario mínimo del cubano (16 cuc). El mismo modelo, se ofrecía en el mercado informal antes de la pandemia a 120 cuc, y en estos momentos, a 180.
Adrián también experimenta por estos días la escasez tecnológica, pero en circunstancias diferentes. Su madre vive en España y tiene la COVID19, y apenas ha podido establecer contacto con ella por la falta de un terminal móvil.
“Estuve cinco días ingresado en un centro de aislamiento de Habana del Este por sospecha de la COVID-19 y al final fui negativo. Durante la estancia, me insulté debido a la falta de atención, las malas condiciones, la suciedad y la pésima comida que servían en el centro y restallé mis pertenencias contra el suelo, entre ellas el celular”.
Cuenta que desde entonces anda buscando uno en las tiendas virtuales que se establecen en Facebook, Telegram o Whats App, pero no ha podido comprar debido a los precios. No obstante, advierte que gracias a un vecino ha logrado saber de su madre, quien se mantiene en estado estable.
Uno de los factores que ha incidido en el alza de los precios de los dispositivos móviles y otros productos en el mercado negro -además de la falta de viajes por el cierre de las fronteras-, es la persecución del gobierno a los vendedores de bienes importados mediante Internet y la posterior confiscación de toda su mercancía.
Hasta la fecha, se han dado varios casos de incautación por esta vía y uno de ellos –en Pinar del Río- fue transmitido por la televisión nacional.
Como ha sido visible en estos meses de crisis dilatada por la COVID-19, la incapacidad administrativa y productiva del gobierno repercute en múltiples aspectos de la vida social del cubano, que ya no solo debe sobrevivir la pandemia, sino a su propia miseria.
