Todo parece indicar que el régimen busca aplicar el Decreto Ley 370 a quienes usen mal el "pesquisador virtual", según lo descrito por el diario estatal Juventud Rebelde en un artículo publicado este 20 de mayo.
En conversación con el mencionado diario, Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila, referente al uso del "pesquisador virtual" dijo que "lo que se solicita por parte del Estado es responsabilidad a la hora de trabajar con esa aplicación, porque si usted introduce un dato alarmante puede activar todo un andamiaje de ambulancias, personal médico y hasta del orden público, que se mueven de conjunto a su domicilio para dar respuesta a la sintomatología que informó".
Karel Roberto añadió que debido a esto, "cada caso se investiga por la autoridad competente para precisar si se trató de un actuar malicioso o un uso indebido. Sobre este evento existe el Decreto Ley 370 y que faculta al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones para imponer multas muy elevadas por la utilización indebida de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Esa pudiera ser una respuesta oportuna".
Aquí cabría preguntarse si de veras el régimen y sus instituciones tienen interés real de que la población hagan uso del "pesquisador virtual" o si están en condiciones de dilucidar la verdad detrás de cada actuar malicioso o uso indebido, porque es muy fácil y conveniente para el régimen aplicar multas de 3 mil pesos a diestra y siniestra, sobre todo debido a lo ambiguo del mencionado decreto ley.
En su artículo Juventud Rebelde remarca que la batalla contra el nuevo coronavirus además del lado sanitario, "también posee una parte jurídica, que por estos días levanta no pocas polémicas, apreciadas en las redes sociales. Dónde ubicar el fiel de la balanza en una situación de excepción es una pregunta que rige la vida de no pocas personas en el país".
Karel Roberto intenta justificar la actual situación alegando que "hay que recordar algo: el enfrentamiento jurídico a la COVID-19 no es solo de la Fiscalía, sino que es una acción mancomunada de varias instituciones. Allí están el MININT, la Fiscalía y los Tribunales, donde se valoran los casos que, por su trascendencia, decidan llevarse a juicio", y como si se tratara de una papa caliente, añade que, "antes de hablar de un órgano en específico, debemos referirnos a un sistema, que es en el que el Estado se apoya para enfrentar las violaciones en una situación de excepcionalidad".
