Las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) tienen como divisa no dejar que quede impune ningún delito ni permitir que se lucre con “bienes del Estado”, refirió un reciente reporte transmitido en la emisión estelar del Sistema Informativo de la Televisión Cubana este martes.
La consigna, una de las más repetidas en los medios oficiales en estos tiempos de coronavirus, como parte de los juicios ejemplarizantes que con frecuencia se están haciendo, demuestra en este caso como el sistema procesal y judicial cubano dista de respetar los estándares internacionales de presunción de inocencia y justificación de los cargos con pruebas y evidencias irrefutables.
¿Por qué? Pues porque el estelar mostró cómo fuerzas del Minint en el poblado Bartle, de Las Tunas, “continúan combatiendo las ilegalidades en tiempos de COVID-19” y “en un operativo en la zona fue desactivada una fábrica ilegal de pienso y ocupados varios quintales de alimentos para animales y productos de agro”.
Si bien la ilegalidad de la fábrica es más que aparente, como muchas cosas que se hacen en Cuba para vivir al margen de la pobreza franciscana a la que obliga el Estado, el periodista englobó el hecho en el combate y persecución de aquellos que lucran con los bienes del Estado.
Ello, después de explicitar en su relato que tras el decomiso de los bienes ocupados en la fábrica y la detención de los involucrados en la misma se abre un proceso investigativo que, entre otras cosas, deberá establecer y clarificar la procedencia de los alimentos e insumos con los que se producía el pienso.
Es decir, aún no se ha establecido la procedencia y ya al propietario de la fábrica ilegal, cuyo carné de identidad mostraron sin recato alguno en pantalla, le acusaron de lucrar con los bienes del Estado, ese todo omnipotente y omniposeedor. Quizás por esta última condición es que el periodista se atreve a vislumbrar el futuro. En Cuba casi todo es del Estado y resulta difícil imaginar la procedencia de algo de algún lugar o medio no perteneciente a él.
Sin embargo, y aun cuando así termine siendo, parte de las garantías procesales es no convertir a los acusados o sospechosos en culpables hasta tanto esto se determine en un juicio, con base en pruebas sólidas y evidencias.
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Al ser intervenida la fábrica, el propietario dijo que los altos volúmenes de pienso de los que disponía era para la alimentación de los animales en posesión familiar. Sin embargo, según el reporte, en su patio sólo se vio un cerdo, a lo que el fabricante ilegal de pienso y presunto malversador de bienes estatales argumentó que había vendido el resto.
El mayor Yordanis Sánchez, segundo jefe de la PNR en Las Tunas, explicó ante las cámaras que, ante las preguntas, ninguno de los implicados pudo defender la legalidad de lo que hacían. “Nada de lo que aquí se hace tienen respaldo legal de ningún tipo”, afirmó el mayor, al tiempo que la capitana Luz Vanie Maceo, jefa de Investigación del municipio Las Tunas, detalló que se procedería a abrir un proceso investigativo y luego los implicados serían llevados a los tribunales para que sean juzgados por el delito de actividad económica ilícita.
Entre los productos decomisados sobresalieron 34 quintales de maíz, 133 de soya, 149 de pienso y cuatro de frijol, así como siete tanques de puré de tomate, cebolla, comino y 290 ristras de ajo, productos que según el propietario eran para la comercialización una parte y el resto para sembrar.
De que la fábrica de pienso del tunero detenido está enmarañada no hay mucha duda, más aún si carece de licencia para la comercialización de fabricación y comercialización de productos agropecuarios. Sin embargo, el juicio televisivo del que fue víctima ya le acusó por otros delitos y cuestiones que aún no han sido esclarecidas.
Al parecer, el periodista es juez y ya dio su veredicto. Pero nada, son cosas muy normales en Cuba, incluso en estos tiempos de COVID-19.
