Horas antes de que venciera el plazo, en la medianoche de este miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo anunciaba que mantendrá suspendido, durante dos semanas más, hasta el próximo 1 de mayo, el título III de la ley Hems-Burton, cuya aplicación endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante la justicia estadounidense propiedades en la isla expropiadas tras la revolución de 1959.
Desde la promulgación de la ley, en 1996, durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, los sucesivos Gobiernos estadounidenses han venido dejando sin efecto, cada seis meses, el citado título III de dicha ley, que podría provocar un alud de demandas. Pero la Administración de Donald Trump anunció el mes pasado un estrechamiento del cerco contra la economía cubana, articulado a través de dicho precepto, que anunció que mantendría en suspenso solo durante un mes, aunque continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una lista negra del Departamento de Estado.
Cuando se aprobó la ley, la Unión Europea se opuso al capítulo III, ante la posibilidad de que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos, y denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio. El litigio concluyó con el compromiso de EE UU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
Hasta ahora, el compromiso norteamericano se ha mantenido, pero en marzo el Gobierno de Trump estableció que los cubanoestadounidenses podían demandar a las 200 compañías cubanas incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba", aunque las extranjeras seguían exentas.
Esa lista incluye entidades que están "bajo el control o actúan en nombre" de la Inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, en general vinculadas al conglomerado empresarial de los militares GAESA, según el Departamento de Estado.
