Como ha sido explicado, la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton busca que los empresarios extranjeros con inversiones en aquellas propiedades que fueron confiscadas y nacionalizadas en el gobierno de Fidel Castro, paguen una indemnización a sus legítimos dueños.
La legislación determina que pueden ser objeto de reclamos legales las propiedades que son usadas con fines comerciales por terceros en conjunto con las fuerzas militares y los organismos de inteligencia, o habitadas por miembros del Consejo de Ministros, Consejo de Estado, Comité Central o Buró Político del Partido Comunista Cuba.
Estas propiedades suman un total 5913 certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Hay que aclarar que la legislación, en ninguno de los casos, contempla la restitución de propiedades a sus legítimos dueños, y sí la indemnización por daños y perjuicios emanados de la expropiación.
Según los expertos, en el marco de la nacionalización los reclamos de empresas norteamericanas ascendían a más de 1900 millones de dólares. Al día de hoy la suma sobrepasa los 7600 millones.
Recordemos que inmediatamente después del ascenso al poder del Ejército Rebelde, el gobierno de La Habana ejecutó la nacionalización y expropiación de los latifundios, las propiedades de los burgueses, y filiales de compañías extranjeras, bajo el pretexto de evitar el saqueo y la injerencia en los asuntos internos del país, y el mismísimo Fidel Castro aseguró que el enfrentamiento con el capital extranjero era “el camino correcto de un pueblo que quisiera liberarse”. No fueron pocos los empresarios cubanos afectados con estas medidas.
Luego de la nacionalización el gobierno cubano intentó demostrar que era posible el desarrollo económico al margen del capital estadounidense y su sistema financiero mundial, y para eso dio un giro hacia el modelo de los países que integraban el campo socialista y la URSS, llegando a crear una dependencia tal, que en el año 1989 el 81% de las exportaciones cubanas y el 85% de las importaciones, estaban en manos del desaparecido bloque, según cifras oficiales.
Tras el colapso del comunismo en Europa del Este, la economía cubana sufrió una debacle que obligó al gobierno a abrirle las puertas al capital extranjero, demostrando una vez más, que con tal de mantenerse en el poder, los comunistas eran, y son, capaces de todo, incluso, de ir en contra de sus principio, y de la ley que ellos impusieron.
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Para entender esto último baste mencionar que en la Constitución de la República de Cuba para entonces, aprobada el 15 de febrero de 1976, quedaba reconocido de manera explícita un sistema económico basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre, lo que se traducía en que eran propiedad estatal socialista de todo el pueblo, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuántas empresas, bancos e instalaciones hubieran sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera, y que nunca más los cubanos tendrían como jefe a un burgués en ninguna actividad económica.
Pero con la apertura a la inversión extranjera en la década de 1990, todo eso fue engavetado. El estado prefirió sacrificar los derechos del pueblo mientras avanzaba en un proceso capitalista de inserción en el mercado mundial con tal de atraer el financiamiento de consocios económicos, de la mano con la reestructuración del comercio exterior y el desarrollo del turismo internacional. En ninguno de los casos se le permitió a cubano alguno tener participación como inversionista.
Todo esto trajo como resultado que el pueblo volviera a dividirse en clases sociales, y que se afianzara el ejército como una casta por encima de todos, en un retorno a la explotación del hombre por el hombre, imposible de negar en el hecho de que todas las ganancias que corresponden a los inversionistas extranjeros, son sacadas del país, algo que veremos mejor en los párrafos siguientes.
La Ley Helms-Burton pudiera entenderse como una consecuencia de la apertura a la inversión extranjera en Cuba, algo que el gobierno de los Estados Unidos identificó como una oportunidad para que los afectados con la expropiación forzosa, obtuvieran una compensación, la cual que deberán pagar aquellos empresarios extranjeros que ocupan y trafican con bienes confiscados, sobre todo, porque no hay iniciativas viables para demandar a las empresas cubanas, en base a que el gobierno de Cuba no reconoce a la Ley Helms-Burton, y en consecuencia, no responderá a las demandas, y porque además, “no hay bienes cubanos bajo jurisdicción estadounidense que puedan servir como indemnización en un fallo judicial”, según refieren abogados.
En todo esto se debe tener presente que las empresas con inversión extranjera comparten las ganancias. La creencia popular, inducida por el gobierno cubano, esque el estado se queda con el 51% de los ingresos que generan dichas empresas, y más allá de las particularidades de los diferentes contratos, deberíamos tratar de entender ¿qué pasa con el restante 49%? ¿Se invierte en otras empresas del país? ¿Se utiliza para refinanciar la deuda? ¿Los inversionistas se lo prestan al gobierno cubano en un ciclo sin fin? ¿El estado se lo apropia? ¿O la parte extranjera lo saca fuera de Cuba?
Llegados a este punto, solo nos queda aceptar que es ese 49%, el que van a reclamar aquellos que perdieron sus propiedades a manos del gobierno de Fidel Castro, dinero del cual el pueblo cubano no debería preocuparse, porque hasta ahora, no ha percibido de ninguna manera, y en nada lo va a afectar si pasa del bolsillo de un español, al de un cubanoamericano.
