El Poder Judicial de Perú solicitó este martes al Tribunal Constitucional que anule su polémica sentencia que liberó a la líder opositora Keiko Fujimori y realice una nueva votación donde corrija las "graves incongruencias" del "insostenible" fallo.
A través de un oficio de la procuraduría pública (abogacía del Estado), el Poder Judicial instó al Constitucional a emitir una sentencia con una clara mayoría donde sus miembros coincidan tanto en la decisión como en los argumentos para tomarla.
El fallo que liberó a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contaba con tres votos en contra de la excarcelación y cuatro a favor, pero uno de ellos difería en los argumentos utilizados por los otros tres.
Para Marco Palomino, procurador público del Poder Judicial, en la sentencia no ha habido mayoría suficiente para tomar la decisión de liberar a Fujimori.
"Únicamente ha existido 'una coincidencia' en lo resuelto, pero expresado en votos singulares y dispares entre los suscribientes de la ponencia (3 votos), los que se oponen a la misma (3 votos) y uno (1 voto) cuya posición discrepa totalmente de las posiciones restantes", según el oficio remitido al Constitucional.
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El procurador consideró que la lógica de los argumentos utilizados para excarcelar a Fujimori es "insostenible" y que los "graves vicios de orden jurídico-constitucional han repercutido sobre la base de los votos emitidos".
Otro reclamo hacia el Constitucional es no haber tomado en cuenta una reciente declaración de un importante testigo en el caso, donde Keiko Fujimori está investigada por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.
La líder del partido fujimorista Fuerza Popular salió de la cárcel el viernes tras pasar casi trece meses en prisión preventiva por haber obstruido las investigaciones.
Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, Fujimori debía permanecer en prisión preventiva hasta el 30 de abril de 2020, después de que la Justicia peruana rebajase el periodo en cárcel de 36 a 18 meses, lo que obligaba a la Fiscalía a acelerar la investigación para poder abrir el juicio.
Fujimori está imputada dentro del caso de corrupción Lava Jato, al presuntamente haber recibido un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña a la Presidencia de 2011 que no declaró y que además ocultó en una contabilidad ficticia de pequeñas donaciones falsas de personas particulares.
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Recientemente, otras grandes empresas como Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, admitieron haber entregado grandes cantidades de dinero a Fujimori en su carrera electoral que tampoco declaró en la contabilidad de su partido.
El apoyo de los grandes empresarios de Perú buscaba promover a Fujimori frente a Ollanta Humala, quien finalmente resultó ganador de los comicios en 2011 y quien también está investigado por presuntamente haber financiado su campaña con 3 millones de dólares de Odebrecht que tampoco declaró.
Mientras tanto la investigación continúa y este martes el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, intentó reanudar sin éxito su interrogatorio a Vladimiro Montesinos, el todopoderoso exasesor del expresidente Fujimori y hombre fuerte de la gran red de corrupción que se apoderó del Estado durante el régimen fujimorista.
Desde que el viernes salió de la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, Keiko Fujimori ha intentado reanudar su vida familiar y ese mismo día pudo celebrar en su domicilio el cumpleaños de su hija mayor Kiara.
Al día siguiente toda la familia junta acudió a otra cárcel de Lima para visitar al patriarca Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción durante su mandato.
