El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, que promueva una iniciativa internacional de protección para los cubanos que quieran manifestarse el próximo 15 de noviembre y exija al gobierno de La Habana la liberación de los presos políticos.
La organización, por medio de una carta suscrita por su director ejecutivo, Alejandro González Raga, lanza un mensaje de alerta, luego de que las autoridades declararan no lícita la Marcha Cívica por el Cambio.
De acuerdo con OCDH hay voluntad de los convocantes de mantener la marcha y por tanto, peligro de que se repitan acciones violentas contra los manifestantes, como las vividas en julio pasado.
“La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar", indica el texto enviado este 22 de octubre.
La carta recuerda la represión desatada en el marco de las protestas de julio, expresando que Bachelet "no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad”, en referencia a quienes se mantienen detenidos, y apela a su condición de víctima de la represión bajo la dictadura de Pinochet para pedirle empatía con los "cubanos que sufren por querer ejercer sus derechos".
Junto a la carta, el OCDH envió un informe jurídico que asegura la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre, basándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que el gobierno de Cuba está obligado a cumplir, en materia de derechos humanos.
Las respuestas gubernamentales sobre la prohibición fueron informadas a los convocantes por las autoridades de cada municipio el pasado 12 de octubre.
Según el informe queda claro que el intendente municipal (alcalde) "no tiene reconocido ni declarado, dentro del ordenamiento jurídico nacional, facultades legales para la interpretación del alcance y limitación de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución".
Además "la protesta social es una conjugación de varios derechos humanos, mediante el uso de los espacios públicos. Incluye el ejercicio de las libertades de opinión y expresión, el derecho de reunión, manifestación y asociación".
Para el OCDH "las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha no los sustrae de su condición humana, ni de sus derechos fundamentales universales. Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación".
La liberación de los presos políticos, los cambios democráticos en la Isla y el respeto a los derechos humanos son los ejes centrales de esta Marcha Cívica por el Cambio, organizada por el movimiento Archipiélago, y que ya el régimen cubano declaró no lícita.
Carta enviada por el OCDH a Bachelet:
