La Fiscalía de Bolivia ordenó este martes congelar las cuentas bancarias de la petrolera estatal venezolana PDVSA, a fin de examinar el posible desvío de capitales tras la detención de una antigua colaboradora de un ministro del gobierno de Evo Morales, informaron reportes periodísticos.
El gobierno interino boliviano acusó a la detenida, María Palacios, de intentar sacar del país 100.000 dólares de forma fraudulenta, informó al respecto el diario argentino Clarín.
Según explicó la propia Palacios ante las autoridades de Bolivia, el dinero iba destinado a pagar a personal de PDVSA en Argentina, afirmó el informe.
La Fiscalía investiga si entre los potenciales destinatarios estaban miembros del entorno del expresidente Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
Las autoridades abrieron una investigación en la que ya ordenó bloquear la cuenta de la petrolera venezolana hasta nuevo aviso, dijo Clarín.
"Se ha encontrado un manejo económico en PDVSA, y lo que ha hecho el ministerio público es congelar la cuenta de esa compañía para que pueda ser investigada", aseguró el fiscal Marco Villa.
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El fiscal estimó en 44 millones de bolivianos (unos 5,7 millones de euros) los fondos con los que contaría la firma venezolana en Bolivia, según el diario El Deber citado por Clarín.
El miércoles 8 de enero, María Palacios fue detenida cuando intentaba abordar un vuelo desde La Paz a Buenos aires llevando unos 100.000 dólares que no había declarado ante la aduana boliviana.
El gobierno interino de Jeanine Añez la acusó enseguida de "financiar al terrorismo", pues se sospechaba que ese dinero era para aportar a los actos de Evo Morales, refugiado en la Argentina desde mediados de diciembre, y recientemente encargado de la estrategia política de su partido de cara a las elecciones programadas para el 3 de mayo.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, aseguró entonces que la mujer "estaba trabajando con Juan Ramón Quintana", el exministro de la Presidencia de Morales asilado en la residencia de México en La Paz desde la renuncia de Evo, el 10 de noviembre pasado.
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El Ejecutivo interino acusa a Quintana, como a otros funcionarios del gobierno de Morales, por delitos como terrorismo, por supuestamente incitar a la violencia durante las protestas que estallaron en el país por el supuesto fraude cometido por el gobierno en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
El ministro boliviano indicó que los 100.000 dólares no formaban parte de la declaración jurada que la mujer hizo en el aeropuerto internacional de El Alto, antes de abordar el vuelo que debía llevarla a Buenos Aires, afirmó Clarín.
La mujer, en tanto, negó las acusaciones y dijo que todo era falso.
“Yo no conozco a Ramón Quintana, tuve la mala suerte de trabajar en el pasado gobierno", dijo la mujer entre sollozos antes de ingresar a la sala en que las autoridades debían presentarla a los medios, el día de su arresto.
Palacios aseguró a los periodistas que el dinero que trasladaba era para "pagar sueldos, viáticos y hotel de las personas que están trabajando" en la empresa venezolana en Buenos Aires. Lo llamativo es que aquí PDVSA ha reducido sus operaciones al mínimo y tiene muy poco personal.
