Muchos venezolanos que habían salido huyendo de la crisis sociopolítica que envuelve a su país, y se habían asentado esperanzados en países vecinos, han sido obligados por la crisis del coronavirus a regresar a su tierra, con sus sueños de rehacer sus vidas rotos.
Y ahora se han encontrado con que ni el Gobierno les brinda las condiciones mínimas en los centros de cuarentena donde son recluidos, en poblados fronterizos, ni sus connacionales los reciben con los brazos abiertos.
Tuvieron que volver porque la economía informal, en la que se habían insertado en los países vecinos, está entre los sectores más golpeados por el mortal virus. El confinamiento impuesto dejó a muchos sin la posibilidad de hacer dinero para comprar alimentos, y mucho menos para pagar el arrendamiento. El retorno era inevitable.
Hasta este 9 de abril, 3.974 venezolanos regresaron al país por el estado Táchira, procedentes de Colombia, Ecuador y Perú, de acuerdo con cifras dadas por Freddy Bernal, delegado político de Nicolás Maduro en Táchira.
Es de recordar que, según organizaciones internacionales, en los últimos años más de 4,6 millones de venezolanos abandonaron el país, y son considerados como uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo.
MALTRATADOS POR EL GOBIERNO
Pero el regreso de los migrantes venezolanos no ha sido lo que prometió el gobernante Nicolás Maduro el pasado 5 de abril, en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.
“Estamos pendientes de nuestros compatriotas quienes víctimas de la xenofobia han decidido retornar a Venezuela, su Patria. Aquí les abrimos nuestros brazos como lo hemos hecho con millones de personas que han encontrado en nuestro país una tierra de Paz y esperanza”, dijo el mandatario.
La realidad es que los migrantes no han recibido un trato adecuado ni del Estado ni tampoco de los habitantes de su mismo país, quienes temen que los retornados hayan regresado con la COVID-19, y puedan propagar el virus en la nación donde hasta este 9 de abril se habían confirmado 171 casos y nueve muertos.
La diputada en el exilio, Gaby Arellano, denunció el pasado 6 de abril que en los refugios que se improvisaron en la frontera, en San Antonio del Táchira, así como las instalaciones militares, en Tienditas, en el municipio Pedro María Ureña, los más de 1.500 venezolanos que retornaron estaban hacinados, sin alimentación, sin agua, sin abrigo, y sin recibir controles epidemiológicos.
“Hay niños, mujeres embarazadas y ancianos que no se les ha brindado ningún tipo de control sanitario y no se les permite salir de allí”, dijo Arellano.
La parlamentaria informó además sobre las amenazas que han recibido los retornados cuando han sacado fotos, videos de lo que está sucediendo en los refugios donde los han ubicado.
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Por su parte, el embajador del presidente interino Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, denunció el 8 de abril en su cuenta de Twitter que los venezolanos que regresaron al país se encuentran en “campos de concentración”.
“El régimen de Nicolás Maduro ha instalado en San Antonio y en Tienditas unos campos de concentración. Tienen a nuestro connacionales hacinados, durmiendo en el piso, sin ningún tipo de medida sanitaria, todo para montar un show político para alimentar su propaganda oficial”, dijo Guanipa.
Ante la cantidad de migrantes venezolanos que había en la frontera este 9 de abril el gobierno empezó a sacar a unos cuantos y meterlos en otros refugios improvisados en otras zonas del estado Táchira.
DESPRECIADOS POR EL RESTO DE LA POBLACIÓN
Pero en más de una localidad los vecinos no desean su llegada, y han soldado hasta las entradas de escuelas para impedir les sean dadas como hogar temporal.
En la carretera que va de la frontera con Colombia a San Cristóbal, la capital del estado Táchira, pobladores del sector El Valle trancaron el jueves el paso de vehículos para impedir que los migrantes pasaran a la ciudad.
En otros sectores de la capital tachirense como el Barrio Alianza, Unidad Vecinal, Zorca, La Ermita y la avenida Rotaria los vecinos se organizaron y durante todo el día y en horas de la noche hicieron vigilias, y armaron barricadas para no permitir que escuelas o canchas fueran usadas como refugios.
A pesar de estas protestas, la mañana de este 10 de abril, unos ocho autobuses llegaron a San Cristóbal, procedentes de la frontera.
Allí autoridades ubicaron a los migrantes en los estadios de fútbol sala y de béisbol del sector de Pueblo Nuevo; sitios en los que permanecerán hasta que cumplan los 14 días de cuarentena y después, según el gobierno de Maduro, serán trasladados a sus zonas de origen.
