Caracas, 3 oct (ADN CUBA).- Familiares de personas presas en varios centros de detención venezolanos denunciaron no solo maltratos sino también torturas cometidas contra sus parientes, así como irregularidades que ponen en evidencia la falta de control y los abusos existentes en las cárceles, según un reportaje publicado por el medio digital TalCual, de Venezuela.
Los familiares de los detenidos en la sede del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de El Paraíso, denunciaron que esos maltratos se han dado luego de la fuga de 29 presos el pasado 11 de septiembre.
“Les echan agua, no les permiten el ingreso de medicamentos sin récipe”, dijo la madre de un detenido, que quiso mantener su nombre en reserva, contó TalCual.
Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado que los detenidos en manifestaciones antigubernamentales, por razones políticas o por delitos comunes son víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
TalCual dijo que este año el Ministerio de Interior, Justicia y Paz intervino el centro de detención preventiva del Cicpc en El Hatillo, luego de que circularan unos videos donde se observa a una presa atada de manos y pies en el patio del lugar.
El Ministerio Público también inició una investigación el 1° de octubre a tres funcionarios de la Policía de Anaco (estado Anzoátegui) tras la filtración de un vídeo donde se observa a los presos desnudos y acostados sobre un piso de cemento a pleno sol, mientras eran agredidos por los funcionarios policiales.
En los dos calabozos que conforman la sede policial del Cicpc en El Paraíso, los presos duermen parados y se les hinchan los pies. También luego de la fuga les prohibieron el paso de sábanas y no pueden dormir en 'aéreas'.
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Una Ventana a la Libertad, que trabaja en defender los derechos humanos de las personas encarceladas, destacó en un informe reciente que durante el primer semestre del año pudieron obtener cifras sobre 22 intentos de fugas en cuatro estados y 14 fugas en seis entidades, donde lograron evadirse 153 detenidos.
Sólo en el estado Zulia se reportaron nueve muertos por fugas. De manera extraoficial, TalCual pudo conocer que cuatro de los fugados fueron recapturados y tenían fracturas en una o ambas piernas.
“Los vamos a trasladar para Zona 7” es una frase amenazante con la que “los funcionarios policiales controlan a los presos revoltosos en los otros centros de detención de la capital”, contó expresidiario a TalCual.
Pero la llamada “Zona 7” no es una cárcel. En realidad forma parte de los más de 30 centros de detención preventivos (CDP) que existen en la Gran Caracas y que corresponden a los distintos cuerpos de seguridad (Policías de Baruta, Libertador, Chacao, El Hatillo, Sucre, PNB; Cicpc; Guardia Nacional; Sebin y Dgcim).
Un centro de detención preventiva está diseñado para resguardar temporalmente y por breves períodos a las personas detenidas por un cuerpo policial.
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En los calabozos un detenido no debería pasar más de 48 horas, explica Carlos Nieto Palma, abogado y coordinador general de Una Ventana a la Libertad.
Los CDP se han convertido en cárceles permanentes desde que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prohibió a través de una circular en 2011 el traslado de nuevos privados de libertad a recintos carcelarios sin su autorización, por lo que se mantienen en estos calabozos.
TalCual acotó que en el informe sobre la situación de los centros de detención preventiva durante el primer semestre de 2019, Una Ventana a la Libertad revisó 203 calabozos distribuidos en 15 estados, y con cupos para 3.734 personas. Hasta junio pasado, en estos 203 CDP se encontraban 19.028 detenidos.
En el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en julio, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH –que encabeza Michelle Bachelet- se detalla que “las condiciones de las detenciones de un número significativo de personas privadas de libertad no cumplen las reglas internacionales mínimas sobre tratamiento humano de los/as reclusos/as y constituyen a menudo malos tratos”.
La Oficina de Bachelet también destaca que especialmente los centros de detención preventiva están a menudo superpoblados y son insalubres.
