San José, 3 oct (ADN CUBA).- La posibilidad de que Venezuela fuese incluida como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU provocó un fuerte rechazo en la comunidad internacional, y el gobierno de Costa Rica se postuló este jueves como alternativa para integrar ese organismo, informó hoy el sitio web de noticias Infobae.
“Por las graves violaciones contra los derechos humanos que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Costa Rica se propone como alternativa”, anunció el presidente Carlos Alvarado a través de su cuenta de Twitter.
El reporte de Infobae agregó que el ex presidente Oscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) había advertido que, de no aparecer un tercer candidato junto a Brasil y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tendría asegurado su puesto en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU.
El exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018), por su parte, fue muy criticado por haber perdido el puesto en el organismo en 2016, dijo el portal de noticias.
Tras el anuncio de este jueves, añadió, Alvarado recibió un fuerte respaldo de la comunidad internacional. Entre ellos se destaca el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se pronunció a través de Twitter.
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“Nuestro total apoyo a la candidatura de Costa Rica. Sería inadmisible que ocupen el asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, escribió Almagro.
El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima, del que forma parte Costa Rica.
La comisión "investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014" ocurridos en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto "condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela", recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
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El pasado 18 de septiembre, un informe de un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que unas 18.000 personas han muerto desde 2016 a manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta "resistencia a la autoridad".
La organización internacional acusó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía venezolana de cometer "ejecuciones extrajudiciales", especialmente en comunidades de bajos recursos.
"En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia", dijo entonces el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa en Washington.
