Baltasar Garzón habría cobrado 8,8 millones del régimen de Venezuela

El destacado jurista español, defensor de los derechos humanos y las libertades públicas, habría realizado varios trabajos para el chavismo en el poder, según 'El Pollo' Carvajal
 Nicolás Maduro y Baltasar Garzón. Fotografías: EFE
 

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Hugo Carvajal, ‘El Pollo’, envió documentación a la Audiencia Nacional. Se trata de la primera de las pruebas que anunció que entregaría al juez Manuel García-Castellón, quien investiga una causa sobre terrorismo y corrupción, bajo secreto de sumario.

Según informaciones de prensa española, los documentos enviados por Carvajal señalan exclusivamente al ex juez Baltasar Garzón, quien presuntamente habría cobrado 8,8 millones de euros al gobierno de Venezuela.

Baltasar Garzón es un “jurista de larga y reconocida trayectoria en causas de defensa de los Derechos Humanos y libertades públicas”. Garzón desarrolló la mayor parte de su carrera como magistrado en la Audiencia Nacional española, “especialmente en asuntos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad, crimen organizado y lucha contra la corrupción”, indica la página de su bufete.

El régimen de Caracas habría contratado, el 15 de noviembre de 2016, al bufete Ilocad SL, cuyo único administrador es Baltasar Garzón Real. “El documento está firmado por el entonces comisario principal de petróleos de PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA), Silvestre Molero, y el ex presidente de dicha firma Eulogio del Pino y refleja la aprobación del desvío de 8.835.000 euros al despacho del ex juez”.

Señala OKDIARIO que “todos los contratos directos o indirectos –es decir, a través de intermediarios– de la petrolera debían ser solicitados y aprobados internamente”.

La respuesta desde el bufete Ilocad no se ha hecho esperar. Envió un comunicado a los medios en el que “niega tener vínculos directos con la petrolera estatal venezolana”.

El despacho admite, sin embargo, que “fue contratado” para la causa en la que se investiga el saqueo a PDVSA “por la firma americana Squire Patton Boggs”, que defendió a los sobrinos de Nicolás Maduro condenados por narcotráfico, porque “ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven”.

Fuentes consultadas por OKDIARIO indicaron a ese medio que “PDVSA decidió interponer la querella con el único fin de adelantarse a una posible imputación de la propia petrolera que ya estaba siendo investigada” en los Estados Unidos.

El diario consultó diversas fuentes que le indicaron que “estos acuerdos, que suscitan una gran controversia, siempre se hacen mediante intermediarios y nunca de manera directa”.

PDVSA admite que el gobierno venezolano “ha tenido y mantiene” relaciones con Baltasar Garzón. De hecho, el despacho Ilocad SL le presentó un presupuesto, según el documento de Carvajal, de 8.835.000 euros desglosados de la siguiente manera:

-1.650.000 euros en “asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela”.

– 2.105.000 euros en “preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España”.

– 1.980.000 euros para la “coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas”.

El despacho Ilocad continúa ejerciendo la representación letrada de PDVSA y la Fiscalía con la que iba a “coordinarse” está en manos de la actual pareja de Garzón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, subraya el diario citado.

Adicionalmente, según la información referida en prensa, el exjuez Garzón hizo otros trabajos para el gobierno de Venezuela.

Ahora, el juez García-Castellón, con todas las pruebas sobre la mesa deberá decidir si investiga estos hechos presuntamente delictivos en la causa en la que Carvajal es, de momento, el único testigo.

‘El Pollo’ Carvajal se comprometió a aportar información que involucra a miembros del partido que hace parte del gobierno. Desde ya hay quienes anticipan una hecatombe en España.

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