La Agencia Tributaria de España detectó numerosas transferencias desde las cuentas del exembajador español en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, a René Arreaza, nombrado coordinador general de la vicepresidencia de Venezuela en 2004.
Estas operaciones tuvieron lugar después de que la familia Morodo percibiera importantes cantidades procedentes del Gobierno de Chávez en forma de asesorías que la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda consideran ficticias.
Por ello, la Audiencia Nacional tiene en estos momentos abierta una causa en la que mantiene como investigados a los principales miembros de la familia Morodo, a los que atribuye la comisión de los delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Los pagos otorgados a la familia Morodo a través de la Petrolera Estatal PDVSA ascienden a 35 millones de euros. En esta cantidad las autoridades incluyen los desvíos de dinero a dos ciudadanos venezolanos que se instalaron en España y a los que consideran parte de la trama del ex embajador: Juan Carlos Cabrera, ex directivo de PDVSA que se suicidó en Madrid horas después de declarar ante un tribunal español contra Morodo.
Cabrera ya confesó a la Policía Nacional que uno de los cargos que “presionó” para adjudicar los contratos a Morodo fue el vicepresidente Rangel.
Según descubrió la Agencia Tributaria gracias a la información remitida por las autoridades suizas, la sociedad panameña con cuentas en el país helvético Furnival Barrister Corporation, propiedad de la familia Morodo, realizó a través de su cuenta en el Credit Suisse al menos dos pagos a la sociedad March Ltd. de Arreaza.
El primero, el 5 de noviembre de 2013, por importe de 40 mil euros, para abonar una factura firmada en Caracas por el ex alto cargo chavista en concepto de “prestación de servicios de asesoría jurídica y consultoría internacional”. El segundo, el 22 de octubre de 2014, por valor de 21 mil euros a una cuenta de Arreaza en el Intercredit Bank de Miami.
Asimismo, las autoridades suizas han entregado a la Agencia Tributaria española información que acredita la existencia de nuevas transferencias, todavía por identificar y cuantificar, a ese mismo banco.
Las pesquisas ya determinaron que la familia Morodo había librado pagos a otro ex alto cargo político, en este caso de Portugal. La Fiscalía también arguye que el ex embajador pagó al que fuera ministro socialista de Presidencia de Portugal, Antonio Manuel Carvalho Ferreira, y a su mujer Beatriz Demoy de Carneiro, por asesorías que, como las anteriores, “carecían de toda lógica comercial y justificación”.
El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz concentra en estos momentos sus esfuerzos en averiguar el destino del dinero percibido por Morodo y sus socios. De ahí que la Fiscalía haya cursado hace unos días, además de la referida comisión rogatoria a Estados Unidos, otras a Portugal y a Suiza.
