El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este 10 de agosto que la represión en Nicaragua pone en tela de juicio la credibilidad de los comicios de noviembre en ese país centroamericano.
“Estos acontecimientos minan seriamente la confianza del público en el proceso democrático de cara a las elecciones de noviembre”, señaló el portavoz de Guterres, citado por EFE, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria, a nombre de su jefe.
Según Dujarric, el jefe de Naciones Unidas “llama a las autoridades a respetar plenamente las obligaciones de Nicaragua en derechos humanos, a liberar inmediatamente a los líderes políticos y a restituir sus derechos políticos”.
“El secretario general reitera su llamamiento a un proceso político de bases amplias en todo el espectro político para tener un proceso electoral creíble e inclusivo en noviembre”, apuntó.
También pidió a las autoridades nicaragüenses “que respeten plenamente las obligaciones internacionales de Derechos Humanos (...), que liberen de inmediato a los líderes políticos y restablezcan sus derechos políticos”.
La ONU reaccionó así a las últimas decisiones de las autoridades nicaragüenses, como la cancelación de la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL), principal partido de oposición y que, según las encuestas, iría con ventaja en los comicios con el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En el actual proceso electoral las autoridades nicaragüenses han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
El presidente Daniel Ortega, un ex guerrillero próximo a cumplir 76 años y en el poder desde 2007, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.
Hasta marzo de 2020, un total de 103 600 nicaragüenses marcharon al exilio, principalmente a Costa Rica, a causa de las manifestaciones contra el régimen de Ortega que estallaron en abril de 2018, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
EE. UU. sancionó a funcionarios del gobierno, familiares del matrimonio Ortega-Murillo, al amparo de una ley propuesta en el Senado por una comisión bipartidista encabezada por los cubanoamericanos Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano).
